El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, reconoció que en tres ocasiones, durante ocho años, recomendó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro porque comparada en sus estándares con la Comisión Federal de Electricidad, la compañía quedaba muy mal parada.

Anoche, a la pregunta de la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Esthela Damián Peralta (PRD), el titular del órgano fiscalizador expuso su postura en torno a la liquidación de Luz y Fuerza, a partir de las auditorías de desempeño que ejerció:

“¿Qué encontramos? Y no fue la primera vez. Creo que hemos recomendado en tres diferentes auditorías al desempeño, que se evaluara la posibilidad de la liquidación de la empresa, si no existía el mejoramiento de los indicadores de desempeño.

¿Qué encontramos? Que en la Comisión Federal de Electricidad, los parámetros dejaban a Luz y Fuerza del Centro muy mal parada. Que en lugar de tener una plantilla de 10 mil trabajadores tenían más de 40 mil, que las pérdidas técnicas eran arriba de 32 por ciento, que ganaban más los jubilados que los trabajadores en activo.

González de Aragón dijo a los ocho diputados con quienes se reunió –de 32 que conforman la Comisión de Vigilancia– que en su recomendación la auditoría no hizo consideraciones políticas, sino técnicas. Argumentó que la operación de Luz y Fuerza del Centro representaba una salida de recursos públicos para la sociedad que era necesario atender.

Explicó la opinión del ente fiscalizador en torno a LFC: En tres distintas auditorías, en los pasados ocho años, hicimos la evaluación al desempeño y jamás mejoraron. Al contrario, se fueron deteriorando, de manera que esta fue simplemente nuestra conclusión: esta es la situación y este el gran costo para la empresa.

Antes, González de Aragón anunció que solicitó un informe al Instituto Federal Electoral (IFE) de la licitación por la cual se otorgó el contrato a una empresa privada para el monitoreo de la elección de julio pasado, ante la posibilidad de irregularidades en el proceso comercial.

El IFE tiene 20 días para responder a la solicitud de la ASF y ésta, dependiendo del análisis de la información proporcionada por la autoridad electoral, podrá elaborar un informe de situación de excepción que se presentará a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Ramón Jiménez (PRD) felicitó la tarea loable que la auditoría superior ha hecho en materia de revisión del ejercicio de las cuentas públicas y su fiscalización.

Al elogio se sumó el panista Manuel Clouthier, aun cuando dijo no ser partidario del halago, pero en la explicación del auditor percibo que hay avances en materia de fiscalización.

Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión de la Función Pública, preguntó al titular de la ASF el destino de 114 mil millones de pesos que en 2007 la Tesorería de la Federación destinó a distintos fideicomisos. González de Aragón expuso que la Secretaría de Hacienda tiene facultades discrecionales para distribuir los recursos, a través de subejercicios o transferencias a dependencias y entidades.

José Narro Céspedes (PRD) endureció el tono contra el auditor y recordó el conflicto de interés analizado por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara cuando el despacho contable de sus hijos fue contratado para realizar auditorías a los mismos entes revisados por la ASF, a cargo del jefe de la familia González de Aragón. El auditor sostuvo que el dictamen de la UEC lo exoneró y Narro replicó: Entiendo que está diciendo mentiras: usted se amparó contra la amonestación de la Comisión de Vigilancia y tres veces perdió. Háblenos con la verdad, no venga a decirnos mentiras.

González de Aragón replicó: Yo no miento, no vengo a engañar a nadie, ni miento. El diputado del PRD ironizó: debemos convocar a los funcionarios para que juren decir verdad. Sabe que hay un conflicto de interés y no dice la verdad. Molesto, el auditor insistió: no miento, me fui a juicio de amparo porque no cometí ninguna falta.