Un estudio solicitado a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para conocer el grado de aceptación de Arturo González de Aragón asegura que el auditor tiene derecho constitucional a ser electo a una extensión del cargo, sin necesidad de someterse a un concurso de selección.

Primero, en 2007, un equipo de siete encuestadores se dedicó a realizar llamadas telefónicas a los entes auditados por la ASF para levantar una encuesta sobre los resultados en la fiscalización de las cuentas públicas, y determinar el impacto de su actuación en la imagen institucional.

En ese año, el equipo detectó que el funcionamiento de la ASF se apega a derecho y que el personal de la auditoría observa con rigor las leyes y normas en la materia de fiscalización, lo cual constituye una importante garantía de legalidad en el proceso administrativo.

También se preguntó sobre la actuación de González de Aragón. Según el análisis, 90 por ciento de quienes fueron encuestados afirmó que cumple su labor con responsabilidad.