Las diferencias sobre la operación del monitoreo de promocionales de los partidos políticos que realiza el Instituto Federal Electoral (IFE) se profundizaron en el organismo tras las imputaciones públicas del Grupo Tecno contra algunos consejeros.

Para algunos, el monitoreo ha sido exitoso y debe fortalecerse, para otros ha sido deficiente y en parte es responsabilidad de la empresa que vendió los equipos en 23 millones de pesos.

En este contexto, el pago del IFE relacionado con la última parte del contrato fue indebido por las inconsistencias detectadas que motivaron, incluso, una penalización por el incumplimiento de plazos de capacitación y entrega de equipo, consideraron los consejeros Marco Antonio Baños y Marco Antonio Gómez Alcántar.

Por su parte, los consejeros Arturo Sánchez y Alfredo Figueroa salieron en defensa del monitoreo, toda vez que “está funcionando y se puede revisar. Lo que debemos hacer ahora es mejorar el mecanismo para brindar los reportes –de transmisión de promocionales– que cada actor solicita”, dijo Sánchez.

En tanto, el IFE sancionará a 124 de las 147 organizaciones que realizaron observación electoral en el proceso recientemente terminado. El organismo aprobó multas por un monto global de 522 mil 956 pesos y se acordó notificar a la Secretaría de Gobernación y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como patrocinadores.

No debemos pasar por alto que los observadores electorales, por antonomasia, deben tener una conducta transparente, intachable, dijo la consejera Macarita Elizondo.

Sin embargo, el perredista Pablo Gómez fue más directo al censurar la actuación de estas agrupaciones: el informe es desastroso sobre las organizaciones de observadores.