Organizaciones de la campaña Sin maíz no hay país demandaron a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que cancelen los 15 permisos de siembra de maíz transgénico que fueron otorgados a industrias semilleras, pues incurrieron en violaciones a derechos individuales y colectivos y reincidieron en ilegalidad e inconstitucionalidad.

Es indignante e inadmisible que la autoridad que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados simule que toma decisiones apegada a ésta y actúe dolosamente contra el marco legal, con el único fin de atender los intereses comerciales de dos poderosas trasnacionales, manifestó Cati Marielle en nombre de las agrupaciones del citado movimiento opositor a la siembra de maíz transgénico.

Es incomprensible que el gobierno haya decidido atender las solicitudes de dos corporaciones antes que el interés público expresado en los 7 mil comentarios presentados ante la Cofemer en 2008 y las opiniones fundamentadas de cerca de mil científicos del país y todo el mundo, añadió.

La violación a la ley puede provocar el quiebre del tejido social, sobre el que descansa la paz. El gobierno es y será responsable de lo que provoquen sus omisiones e ilegalidades, agregó Adelita San Vicente, directora de Semillas de Vida.

Tres empresas controlan 47% del mercado

Ambas comentaron que el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, se pronunció en favor de cambios a las leyes de derechos de propiedad intelectual de las semillas comerciales para evitar que sean un lastre en el aumento de la producción agrícola. Agregó que tres compañías trasnacionales controlan 47 por ciento del mercado de semillas comerciales, lo cual muestra el riesgo de dependencia.

La dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, María Esther Terán, expresó que la biotecnología es una de las innovaciones más importantes para la agricultura, pues ayudará a consolidar la producción de alimentos a partir de rendimientos competitivos y procesos productivos sustentables.

Sostuvo que los experimentos de siembra de maíz transgénico aportarán información útil sobre el comportamiento de ese grano en diversas condiciones ambientales del país y no pondrán en riesgo la base genética de las variedades criollas.

Para al agrónomo y munícipe de Tlayacapan Cornelio Santamaría, la visión de empresas semilleras, como Monsanto y Dow AgrosCiences, está muy alejada del respeto a la tierra y a la naturaleza de las comunidades indígenas. A esas industrias lo único que preocupa son sus ganancias y utilidades, mientras a los campesinos les interesa tener ingresos, pero también conservar sus semillas, que se han adaptado al medio ambiente durante siglos.

El alcalde mencionó que las autoridades agropecuarias del gobierno federal y de Morelos sólo imponen sus políticas y no explican a los campesinos los riesgos y costos de las semillas; los agricultores desconocen qué son los transgénicos, porque no tienen información clara y precisa. Los campesinos intuyen el daño, pero no tienen la fuerza organizativa para exigir que se les expliquen en detalle los pros y contras de los transgénicos.

Consideró necesario revisar la política agropecuaria del país y, particularmente, si la biotecnología dejará beneficios a la población, pero sin dejar fuera de esa decisión a los campesinos.

La Confederación Nacional Campesina expuso que la producción de maíz es insuficiente para cubrir la demanda interna; el año pasado se importaron 9.1 millones de toneladas, y de 2000 a 2006 las compras del exterior del grano aumentaron en 2.3 millones de toneladas.