La comunidad de investigadores en materia educativa del país exigió impedir la reducción del gasto para enseñanza. Hacerlo sería una decisión equivocada y dañina. Manifestó además su desacuerdo con las formas como se están definiendo las políticas públicas de educación básica, por lo que demandó suspender las reformas en marcha y reiniciar un nuevo proceso luego de consultar a los diferentes sectores involucrados.

Reunidos en el puerto de Veracruz, en el décimo Congreso Nacional de Investigación Educativa, unos 650 estudiosos de los procesos de enseñanza rechazaron, mediante un pronunciamiento público, el uso irreflexivo de pruebas estandarizadas para medir conocimientos y competencias del alumnado, porque la evaluación no puede reducirse, como sucede frecuentemente, al registro de conocimientos que suelen ser irrelevantes.

Durante cuatro días, los investigadores alcanzaron también consensos para demandar a las autoridades educativas una normatividad más estricta a la oferta privada de servicios de enseñanza.

Con mayor alcance advertimos el riesgo de delegar con ligereza a entidades y organizaciones no públicas tareas de investigación y de atención relativas a necesidades y problemas sociales de la mayor importancia para el desarrollo y la integridad de las personas: violencia, salud, adicción y atención a la infancia, alertaron los participantes en el congreso.

Plantearon ser tomados en cuenta sin protagonismos y sin pretensiones de exclusión en el diseño de políticas públicas del sector educativo.

Con la firma de investigadores del prestigio de Roberto Rodríguez, Rollin Kent, Olac Fuentes Molinar, Jorge Martínez Stack, Felipe Martínez Rizo, Manuel Gil Antón, Andoni Garritz, Humberto Muñoz, Eda Elvia Palma, Susana Quintanilla, Marco Aurelio Navarro, Dinorah Miller, entre muchos otros, el documento que el congreso de investigación educativa dirigió a autoridades, estudiantes, profesores y a la opinión pública resalta la profunda preocupación e inconformidad ante la reducción durante el actual, y previsiblemente el año próximo, del gasto federal para educación pública.

Dejaron asentado que las respuestas gubernamentales a la crisis económica expresan una visión de las prioridades de atención a las necesidades y los derechos sociales. Un sistema educativo cuyas necesidades no atendidas eran ya evidentes antes de la crisis, pero que constituye un patrimonio construido mediante el esfuerzo de muchas décadas, se ve fuertemente vulnerado por estas medidas.

La educación exige continuidad y, por tanto, no se puede interrumpir el financiamiento, pues cuesta mucho reponer lo que no hicimos cuando era necesario, por lo que demandaron a quienes deciden el gasto público no afectar al sector educativo.

Con relación a los cambios en la educación primaria, subrayaron que el único interlocutor real del gobierno ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que los distintos grupos científicos han sido ignorados al expresar sus opiniones y críticas fundamentadas.

Su exhorto se orientó a que las autoridades educativas reconsideren honestamente las acciones sobre la reforma a la educación primaria en marcha, reinicien el proceso y tomen en cuenta los avances de las ciencias vinculadas a la educación y a los múltiples actores que intervienen en la enseñanza.