Antes de aplicar otro impuesto al consumo de las familias, incluidas las más pobres, el gobierno federal deberá reducir aún más su gasto corriente, sostuvo Luis Videgaray Caso, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

A dos días de asumir sus funciones en San Lázaro, el legislador del PRI calificó de inoportuna la propuesta de aumentar impuestos, y adelantó que su partido eliminará los privilegios y las exenciones fiscales a los grandes contribuyentes.

–¿Qué prioridades atenderá la Comisión de Presupuesto al contraerse el monto del gasto público el año próximo?

–Una reducción más amplia del gasto corriente. De 2000 a la fecha el gasto corriente del gobierno ha crecido en promedio 115 mil millones de pesos; creemos que en un año de gran austeridad el gasto corriente debería revertirse en un monto mayor al que propone el Ejecutivo federal.

Tenemos preocupación de atender presupuestalmente rubros de gasto que pueden ser grandes detonadores de la actividad económica, como la inversión pública o los subsidios a la vivienda. Seguramente habrá reasignaciones dentro del gasto público. Tenemos que atender la eficacia y prontitud del gasto, y de ahí establecer normas que reduzcan los subejercicios, dar una mayor trasparencia y facilidad a la ciudadanía para ver en qué gasta el gobierno y exigir cuentas.

–Una tarea pendiente será desechar el carácter asistencialista a los programas contra la pobreza –se le comentó.

–Sin duda lo mejor para combatir la pobreza es crear empleos, reactivar la economía, al tiempo que se acompaña de políticas redistributivas que permitan tener un México más igualitario. Focalizar todo el esfuerzo en programas asistencialistas, dejando de lado detonadores de actividad económica y empleo como la inversión pública, o los subsidios al campo o a la vivienda, pues no parece que sea un equilibrio deseable en las formas de combatir la recesión y la pobreza.

–Existen subsidios también para ricos. ¿Qué harán con los gastos fiscales que benefician a las grandes empresas?

–Los gastos fiscales que son más que subsidios, son un conjunto de exenciones que algunos sectores de la economía tienen, y que cuestan grandes sumas al presupuesto del gobierno. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta (ISR) se contemplan exenciones a los gastos fiscales que representan casi 2 por ciento del producto interno bruto (PIB), y si se le compara con lo que recaudaría el impuesto para combatir la pobreza éste aportaría menos de la mitad de lo que se lograría recaudar si se impulsa una reforma al ISR para eliminar los privilegios y las exenciones que hace grandes contribuyentes dejen de pagar impuestos.

Lo que buscamos es un ISR más equitativo y la reforma del Ejecutivo no lo propuso, sino aumentos de impuestos que parecerían inoportunos en un escenario de recesión económica, donde la pobreza crece mientras los grandes contribuyentes siguen gozando de privilegios y excepciones.

–¿Cómo se podrán sustituir los ingresos que generaría el 2 por ciento propuesto por el Ejecutivo?

–Mediante los gastos fiscales, estas excepciones que son muchas veces injustas y que hacen más complejo el régimen fiscal. Y el tema del gasto corriente. La contribución nueva de 2 por ciento aportaría casi 72 mil millones de pesos, y si tomamos en cuenta que el gasto corriente ha crecido de 2000 a 2009 en un promedio anual de 115 millones de pesos, lo que debemos hacer antes de gravar el consumo de las familias, incluyendo las más pobres, es revisar dónde creció tanto el gasto del gobierno y hacer una reducción más significativa de la que se propone. Esos dos frentes apuntan caminos que podrían aportar y reparar el estado de desequilibrio de las finanzas públicas, sin afectar a las familias más pobres en un momento muy inoportuno.

–Control del gasto. ¿Habrá reglas para resguardarlo?

–En el articulado del presupuesto trabajaremos para evitar la discrecionalidad y la ineficiencia. Un tema de particular interés serán los programas que se fondean de manera conjunta con los municipios y los gobiernos de los estados, en los cuales las dependencias federales gozan de gran laxitud al definir las reglas de operación generando presiones financieras e inequitativas para los municipios y gobiernos estatales.

–¿El país aguantará aún administraciones que no ejercen el gasto de forma transparente?

–Hoy estamos en una condición en la cual necesitamos que el gobierno direccione recursos a la recuperación económica. La recesión no se va a corregir por inercia, todos los países están reactivando el gasto como motor de crecimiento emergente, y en México se anuncia pero no  se termina haciendo.

–A usted se le identifica como cercano a Enrique Peña Nieto.

–Es mi amigo, fui su colaborador durante cuatro años su secretario de finanzas y fue una experiencia muy gratificante. Desde el punto de vista profesional, soy diputado federal y mi trabajo está en la Cámara de Diputados atendiendo el interés nacional.

–¿No habrá subordinación con el gobernador?

–Tengo criterio propio y una obligación frente a la nación. Mi única lealtad y adscripción es el bien de México.