El presidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció ayer que el mayor obstáculo para enfrentar el delito del secuestro es la debilidad institucional, y advirtió que si no arreglamos el problema de fondo, que es tener policías, agentes del Ministerio Público y jueces débiles y corruptos, no vamos a terminar nunca esta tarea. Aseveró que ya es tiempo de abrir un debate a fondo y en serio para incorporar al marco legal el derecho de las víctimas que aún no existe y que debe existir.

Al encabezar la clausura del foro Víctimas del secuestro. Es hora de escuchar, Calderón convocó a los medios a manejar con ética la información relacionada con víctimas de este delito, y propuso generar mecanismos que fomenten mayor preparación para quienes se encargan de difundir este tipo de eventos de alto impacto, así como un trato profesional que reúna requisitos elementales que sean mucho más amplios y superiores que la mera ganancia de una nota informática (sic).

Hemos difundido tanto los montos, los modus operandi, los lugares, cómo presionan los secuestradores, que se ha generado una difusión masiva que ha propiciado, incluso, en muchos casos, que se generalice este mal, por lo que se debe cuidar el manejo de la información o de los datos del secuestro, como los montos de los rescates, para no perpetuar este problema, sostuvo.

En cambio, destacó escuetamente la labor de medios que no revelan información, ni sacan ninguna nota mientras dura el secuestro.

Ante la presencia de los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado,  Francisco Ramírez Acuña y Carlos Navarrete, respectivamente; del ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; de funcionarios del gabinete de seguridad y representantes de organizaciones sociales, entre otros, el Presidente señaló que el secuestro es hoy una de las principales amenazas a la paz del país y a la seguridad de las familias mexicanas.

Para hacerle frente a esto, señaló, necesitamos de una reconstrucción de la autoridad, aseveró. Argumentó que para enfrentar la debilidad institucional, su gobierno echó mano de todo lo que tenemos, como la Policía Federal, el Ejército y la Armada, porque sabemos que en muchos lugares del país la debilidad es tal que quien manda no es el alcalde, ni es el comandante de la policía, es el criminal y es ése quien decide a quién se le cobra, a quién se secuestra y a quién se mata.

Planteó la necesidad de encontrar un método legal que combine procesos justos y transparentes con los derechos de las víctimas.

Abogado de formación, Calderón indicó que con la responsabilidad del riesgo que esto implica, en el tema del secuestro hay un paradigma de una realidad que no es ésta, porque hoy lo que debe de pensar la Constitución y la ley no es en el derecho del delincuente, sino en el derecho de la víctima”.

Precisamente –apuntó– porque las víctimas están indefensas, ni denuncian ni quieren ir a un proceso tramposo a enfrentarse a alguien que, además de tener las armas y el dinero, tiene muchas veces la justicia de su lado y a la ley protectora y garante también a su lado. Es hora de que la ley se equilibre a favor de las víctimas, enfatizó.

Por otra parte, Calderón se sumó a las propuestas que leyeron Ana Franco, de México Unido contra la Delincuencia, y Alejandro Martí, de SOS, quienes plantearon la necesidad de apoyar a las víctimas, profesionalizar a los órganos encargados de perseguir y sancionar al secuestro, y por la homologación de los códigos penales y procesales de todos los estados.