La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que las personas que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos usados al país no podrán solicitar la suspensión judicial para no cumplir con los requisitos establecidos por la ley ni para dejar de pagar el impuesto de 10 por ciento del valor del auto. Al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, los ministros del máximo tribunal precisaron que de otorgarse la suspensión –en el marco de un juicio de amparo– se ocasionarían perjuicios al interés social e iría en contra de disposiciones del orden público al permitirse la introducción indiscriminada de vehículos al país.

La contradicción de criterios entre los tribunales surgió a partir de la gran cantidad de personas que obtuvieron la suspensión provisional –en el marco del juicio de amparo en el que alegaban que el decreto emitido en 2008 por el Presidente de la República para la importación de autos es ilegal–, y con ello, no entregaban los documentos exigidos por la autoridad ni pagaban el impuesto, en espera de que se emitiera la sentencia definitiva.

Los ministros de la segunda sala consideraron que el Ejecutivo federal emitió el decreto impugnado en ejercicio de sus facultades, a fin de impedir la importación definitiva al territorio nacional de autos usados que en su país de procedencia –sobre todo de Estados Unidos–, por sus características técnicas circulaban ya de manera restringida.