Otras entidades del país se sumarán a las 16 que reformaron sus constituciones para criminalizar el aborto, pues ya se perfila que en los congresos de Sinaloa y Michoacán aprueben iniciativas en tal sentido, alertaron integrantes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

Consideraron que no debe avanzar la tendencia a modificar las leyes locales, porque significa un retroceso en materia de derechos humanos, además de que son una clara violación del Estado laico, pues se hacen con base en la moral de la Iglesia católica.

Durante el foro Reformas en los estados y derechos de las mujeres, organizado por el Observatorio Eclesial, Fray Julián Cruzalta, asesor de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), consideró que dichas reformas a la ley atentan contra la libertad de conciencia. Señaló que si bien las iglesias pueden manifestar su opinión y abogar por su forma de ver la vida, no debe ser sinónimo de que sus posturas sean convertidas en leyes.

La tarea de los congresos estatales es garantizar los derechos y libertades de la población, y están fallando porque legislan con base en la moral de un credo, con lo que lesionan las garantías de quienes no comparten esa moral. Deben garantizar los derechos de todos, no de una parte de la población.

Sostuvo que con dichas modificaciones a la ley se rompe con la máxima de que en materia de derechos humanos se debe avanzar, no caminar hacia atrás. Esto parece volvernos al siglo XIX, cuando se enfrentaban liberales contra conservadores, indicó.

Ser madres, único rol reconocido

Fernanda Díaz de León, coordinadora de vinculación legislativa de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), indicó que los cambios en las constituciones locales nos regresan al único rol que nos era reconocido en la sociedad hace décadas, que era el de ser madres, con lo que borran de un plumazo los avances en materia de género.

Ante dicha situación, llamó a no ceder a las presiones del clero, pues es resultado de un pacto perverso entre PRI, PAN y la jerarquía católica.

Estimó que con las reformas que criminalizan el aborto se ha vulnerado la separación Iglesia-Estado. Acotó que la Iglesia debería preocuparse por la conciencia de las personas, en ser compasiva y caritativa, y en sus problemas, no en estar entrometiéndose en política pública”.

Por su parte, Marta Tagle Martínez, legisladora por Convergencia en la 60 Legislatura, también consideró un retroceso lo ocurrido y alertó sobre las posibles aprobaciones de cambios en Michoacán y Sinaloa.

Lamentó que estas reformas echen por tierra la existencia de circunstancias excluyentes para penalizar la interrupción del embarazo, entre ellas la violación, el riesgo para la vida de la embarazada, por malformaciones del embrión y por razones económicas.