La “estructura operacional de los cárteles está quebrada debido a la eficacia de la acciones gubernamentales, lo que ha provocado que para enviar cargamentos de droga de Sudamérica a Estados Unidos ya no sólo se utilice territorio mexicano, sino rutas desde Europa y Asia”, afirmó en entrevista con La Jornada el subprocurador de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República (PGR), Víctor Emilio Corzo Cabañas.

Sin embargo –dijo–, “todavía no se llega a la cúspide en cuanto a la cresta de violencia, y quienes se están matando son los delincuentes. Los muertos los están poniendo ellos porque se están disputando pequeños territorios para poder obtener recursos ilícitos.

Quienes han sido afectados son las autoridades, los policías, los políticos, pero en números globales, quienes se están matando son los delincuentes, afirmó.

Entrevistado durante los trabajos de la 22 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán, Corzo Cabañas aseguró que hoy en día los espacios son tan reducidos para la delincuencia organizada que células de distintas organizaciones han tenido que disputarse pequeños territorios o ciudades, y por eso es la alta criminalidad que existe en el país.

En ese contexto, resaltó que la nueva ley contra narcomenudeo no legaliza el consumo de drogas y, por el contrario –precisó–, si alguien es detenido, así sea sólo con un cigarrillo de mariguana, a una distancia hasta de 300 metros de un hospital o una escuela, será remitido a un juez sin posibilidades de obtener el beneficio de un programa de rehabilitación.

Asimismo, explicó que para combatir la distribución de drogas al menudeo se ha diseñado un nuevo esquema, con lo que desaparecen las llamadas Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), las cuales –afirmó–, desde su diseño conllevaban algunos errores que permitieron la vulnerabilidad de los funcionarios que participaban en ellas, en términos de corrupción y seguridad.

Según el subprocurador, las UMAN permitían que “los mismos policías que detenían a los vendedores de droga acabaran siendo socios; por eso las disolvemos y generamos los Centros Estratégicos de Operación, los cuales permitirán que los tres niveles de gobierno compartan la responsabilidad de detener el narcomenudeo, además de que van a recibir las denuncias anónimas de la sociedad no por conductos directos, de manera que no exista la posibilidad de que puedan vincular al denunciante.

“Como primer característica, estos centros van a permitir que la PGR transmita a las procuradurías estatales toda su experiencia en la materia, como son los métodos para identificar las drogas, pero también integrar grupos de trabajo con personal totalmente sujeto a mecanismos de evaluación y rotación para evitar actos de corrupción.

“Asimismo, cada centro contará con bases de datos y sistemas de inteligencia que permitan saber si una persona que vende droga es primodelincuente o reincidente, de lo que dependerá el tratamiento que se le vaya a dar.

A una persona que delinque por primera vez se le da la alternativa de incorporarse a un programa de salud pública y de rehabilitación social. Para quien sea reincidente no habrá ninguna consideración, advirtió Corzo Cabañas.

Por otro lado –explicó–, “las acciones contra la delincuencia organizada han sido eficaces, ya que hace unos años todo el tráfico de drogas era por medio de México, y ahora los grupos criminales tienen problemas para el trasiego hacia Estados Unidos.

“Eso ha limitado la capacidad económica de los grandes cárteles; su estructura operacional está quebrada. Antes, cuando solamente se trasladaba la droga, no había confrontación entre grupos, pero hoy en día los espacios son tan reducidos para la delincuencia organizada que han tenido que disputarse pequeños territorios, y al no tener ingresos tan grandes se están disputando los puntos de venta, y por eso es la alta criminalidad”, insistió.