La exacerbación de las desigualdades sociales en el continente y la vulnerabilidad que caracteriza el flujo de migrantes, sobre todo del centro y sur de América Latina hacia Estados Unidos, el cual cruza por territorio mexicano, nos hace avizorar un panorama similar a un velado holocausto por goteo, en el que redes de la delincuencia organizada, amparadas o anidadas en estructuras de gobierno de todos los niveles, someten a esclavitud a miles de personas para vejarlas o extorsionarlas.

Adviritió lo anterior Guadalupe Morfín Otero, fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir la trata de personas, al proponer a los asistentes a la 22 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la aceptación de un protocolo de investigación de este delito y de apoyo a las víctimas.

Despiadados seríamos si no nos conmovieran, en nuestra más profunda raíz humana, estas historias que encierran desigualdades enquistadas en nuestra cultura y que exigen de cada uno de nosotros un trecho enorme de decisión y valor, que no son otra cosa sino el cabal cumplimiento de nuestra responsabilidad pública, dijo a los procuradores la también ex comisionada del gobierno federal para indagar los feminicidios en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información obtenida, los procuradores del país podrían aprobar plenamente el protocolo a fin de coadyuvar –en todos los niveles de gobierno– al combate a la trata de personas.

En ese contexto, Morfín Otero les informó que hasta el pasado 15 de agosto, únicamente en Chiapas y el Distrito Federal se había legislado de manera integral contra la trata de personas. En los códigos penales de 26 estados de la República está tipificado el delito; no obstante, en seis entidades (Baja California Sur, Durango, Nayarit, Nuevo león, Tabasco y Tamaulipas) aún no se registra este avance, y en Tabasco el tipo penal se denomina lenocinio y trata de personas, pero el código correspondiente sólo se refiere a lenocinio.

Por ello, advirtió a los encargados de procurar justicia que se necesita dar pasos firmes para que el Estado mexicano cumpla los compromisos internacionales contraídos en la materia.