Los informes desclasificados del servicio de inteligencia del gobierno de Estados Unidos en los que se revela que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo apoyaron la creación y entrenamiento de grupos paramilitares en Chiapas prueba lo que todos dijimos en su momento: que la estrategia contrainsurgente fue ordenada desde las altas esferas del poder, aseguró el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López.

El prelado subrayó que esas revelaciones muestran que a raíz del surgimiento del EZLN, el gobierno federal emprendió una guerra contra los indígenas en Chiapas, mientras mantenía un doble discurso de un aparente diálogo por la paz.

Exigió que con base en esa y otras informaciones se lleve a la justicia a aquellos que desde los puestos preeminentes del gobierno implementaron crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Vera López, quien en esa época se desempeñaba como obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al lado del obispo Samuel Ruiz, recordó que existe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una acusación formal contra el Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad cometidos en Acteal, donde 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por paramilitares hace casi 12 años.

Sostuvo que los informes del Pentágono prueban y exhiben la impunidad que existe en México frente a la estrategia contrainsurgente, acompañada de grupos paramilitares, emprendida desde las alturas del gobierno y el Ejército. Agregó que tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó libres a 20 paramilitares que habían sido sentenciados por la masacre, sus ministros ahora son cómplices de esos crímenes.

En aquella época el gobierno incurrió en crímenes de lesa humanidad, a partir de estrategias criminales contra la población que sólo pedía justicia, que estaban dialogando de buena fe; por eso el crimen es aún mayor, porque los indígenas estaban en diálogo; los que hacían una guerra era el Ejército mexicano, con sus paramilitares, y detrás de éste el jefe supremo de las fuerzas armadas, otros ex funcionarios federales y estatales y, en su momento, el señor Salinas, quienes permitieron este tipo de abusos contra población civil indefensa, sostuvo Vera.

El obispo refirió que con los informes de Estados Unidos –dados a conocer hace unos días– se echan abajo las versiones oficiales de que los hechos de Acteal se presentaron por conflictos entre comunidades. Al contrario –dijo–, delatan que fueron producto de la estrategia contrainsurgente de delincuencia organizada apoyada por el gobierno.

Todo eso se sabe, por eso estamos tan indignados al ver que la Corte intenta limpiar el expediente y quitar responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad a los presidentes, funcionarios y mandos militares de esa época. Quieren limpiar la cara al régimen que gobernaba entonces, que es el mismo que está regresando; ahora tendremos un Congreso federal con mayoría del partido político del que proceden todos los que actuaron con estrategias criminales, asesinando indígenas, en lugar de buscar la paz mediante el diálogo.

Por separado, la red de organizaciones cristianas que se agrupan en el Observatorio Eclesiástico (OE) consideraron que la información desclasificada del gobierno estadunidense confirma que la matanza de Acteal no fue un hecho aislado sino algo orquestado por los gobiernos de Salinas y Zedillo.

José Guadalupe Sánchez Suárez, secretario ejecutivo del OE, se pronunció por la reapertura de las investigaciones del caso, donde la PGR –que tras el fallo de la SCJN aceptó revisar el proceso y también líneas de investigación que quedaron pendientes– finque responsabilidades y llame a cuentas a los autores intelectuales y materiales de la masacre.

En sus investigaciones, la PGR debe llamar a investigación a todas las autoridades que en ese momento estuvieron involucradas, como fue el propio presidente de la República.