En el último día de actividades del foro Autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Antonio Crespo y John Ackerman, expertos en transparencia, rendición de cuentas y análisis de organismos autónomos, coincidieron con el priísta Manuel Bartlett y el petista Jaime Cárdenas en manifestarse a favor de que la Cámara de Diputados saque las manos del control de la ASF.

Los cuatro coincidieron en que la única manera de frenar los abusos de los servidores públicos de todos los partidos que comúnmente se enriquecen con dinero del erario, y por ello se oponen a ser sujetos de una fiscalización real, es mediante una reforma constitucional que le dé autonomía plena a la ASF y facultades legales para sancionar a los funcionarios responsables de alguna violación al marco legal.

El ex secretario de Gobernación Manuel Bartlett sostuvo que los legisladores son los primeros en fomentar la opacidad en el manejo de los recursos públicos, pues esconden el destino del dinero que reciben sus grupos parlamentarios en las cámaras, y así avalan a los poderes Ejecutivo y Judicial, que también se oponen a la transparencia del dinero.

“En donde empieza la opacidad y la manipulación económica y política es en el Congreso, y ya no digamos lo propio de cada una de las comisiones especiales que forman los legisladores (…) El dinero que manejan estos coordinadores es público y debe ser fiscalizable. Por eso, los primeros opositores a la autonomía constitucional de la Auditoría Superior son los propios diputados”, resaltó.

Jaime Cárdenas y John Ackerman destacaron que otro de los opositores a que la ASF sea un ente fiscalizador autónomo, con facultades para imponer sanciones administrativas, es el Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual, por medio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha opuesto en al menos cuatro litigios recientes a que los recursos públicos utilizados por jueces y magistrados, así como por servidores públicos del gobierno federal, sean auditados por el organismo dependiente de la Cámara de Diputados.

“Baste recordar cómo apenas el año pasado la ASF cometió la herejía de querer evaluar el sistema profesional de carrera de jueces y magistrados. El Consejo de la Judicatura Federal y la propia Corte rechazaron entregar información con el argumento de que el auditor superior no tenía facultades para fiscalizar al Poder Judicial, información que por lo demás debiera ser pública y cualquier ciudadano que lo solicite por la vía de transparencia debería tener acceso a ella”, comentó Ackerman.

Durante la mesa de análisis de ayer hubo también referencias a los señalamientos que el dirigente panista César Nava hizo el pasado viernes en contra del encargado de la ASF, Arturo González de Aragón, a quien se refirió como un funcionario parcial y carente de honorabilidad.

Sobre este tema, Bartlett Díaz expresó: “El señor Nava, coordinador de los blanquiazules… este reconocidísimo demócrata, hombre de gran calado intelectual… dio muestra clara con su declaración parcial e inoportuna, o muy oportuna, de lo que ha sido la postura de los gobiernos panistas de (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón en contra de la Auditoría Superior: de un sabotaje permanente”.

Después, en entrevista abundó: Los panistas apuestan a la opacidad y no solamente es un asunto de no dejarse auditar, sino que siguen adelante. Una controversia constitucional que ganamos desde el Senado para que la Corte echara abajo un reglamento inconstitucional del gobierno de Fox, con el que autorizaba la venta de energía eléctrica, le importó un comino y siguió entregando a intereses extranjeros la electricidad.

–Arturo González de Aragón ¿garantiza la imparcialidad, honorabilidad y el profesionalismo de la ASF? –se le preguntó a Bartlett.

–Yo digo que el homenaje que le hace Nava demuestra que sí. Porque precisamente el auditado es el que protesta y hace un escándalo, indignado… eso quiere decir que estuvo bien la función al frente de la Auditoría.

Por su parte, el constitucionalista Jaime Cárdenas consideró que las críticas de Nava van a unir a todas las fuerzas políticas en contra del PAN, y favorecerán a González de Aragón ante la posibilidad de que sea relecto para un segundo periodo de ocho años al frente de la ASF.

A su vez, el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas José A. Crespo destacó que uno de los problemas que padecen hoy los órganos autónomos del país, como la CNDH y el IFE, y los parcialmente autónomos como la ASF, es que sus integrantes responden a cuotas partidistas y en función de eso realizan su trabajo pagando favores.

Puso el ejemplo de todos aquellos consejeros electorales que tras terminar sus cargos se afiliaron a algún partido político, no sólo como militantes, sino como dirigentes partidistas o legisladores. Pareció que Crespo se estaba refiriendo a Jaime Cárdenas, ahí presente, quien ha sido consejero del IFE, asesor jurídico de Andrés Manuel López Obrador y actualmente diputado federal electo del Partido del Trabajo.

Cárdenas Gracia hizo un movimiento con el dedo índice de la mano derecha para señalarse a sí mismo, y luego balanceó el dedo varias veces como queriendo decir no es mi caso.