La Procuraduría General de la República (PGR) investigará a más de 200 ex elementos de Inspección Fiscal y Aduanera que fueron cesados el pasado 17 de agosto y que laboraban en todas las garitas del país, y determinará en cuántos casos se acreditan los señalamientos en la participación de delitos vinculados con el crimen organizado, como indican algunas líneas de investigación surgidas por el decomiso de contenedores con cocaína y químicos para elaborar drogas sintéticas, así como a raíz de la desaparición en junio de Francisco Serrano Aramoni, quien fungía como administrador de la aduana de Veracruz. Fuentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada revelaron que este órgano de la PGR realizará una investigación de expedientes y también de reportes económicos de ingresos y propiedades, en coordinación con autoridades del Servicio de Administración Tributaria y Aduanas.

Un consejo de asesores integrado por personajes políticos, entre ellos el ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda; ejecutivos que ofrecían más ganancias que nadie, paraísos fiscales, oficinas lujosas, premios, promesas. Una fórmula que a la postre devastó los ahorros de unos 3 mil 500 ciudadanos mexicanos que confiaron sus recursos a sir Robert Allen Stanford, el mago de los negocios que a la cabeza de Stanford Financial Group estafó con 8 mil millones de dólares a sus confiados –o ingenuos– clientes en varias partes del mundo. La trama está a punto de dar un giro.