La discrecionalidad con que operan las siete agencias de viajes contratadas por la Cámara de Diputados para la entrega de boletos de avión a los diputados federales es tal que los precios son hasta 107 por ciento más caros que los que ofrecen en forma directa las aerolíneas, expuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta operación irregular, definió el organismo fiscalizador, fue propiciada por la secretaría general, a cargo de Guillermo Haro, que no entregó una investigación que revelara la calidad y eficiencia de las empresas, como se lo pidió el comité de administración que, a su vez, autorizó no realizar una licitación pública, sino que renovó los contratos por adjudicación directa.

Tan sólo en el año 2007, refieren los datos obtenidos por este diario, la Cámara de Diputados gastó 231 millones 326 mil pesos en la compra de los boletos y entregó 33 millones más por concepto de viáticos a los 217 legisladores que viajaron por todo el mundo.

Asimismo, de acuerdo con los resultados de la auditoría financiera a la Cuenta Pública de ese año, el órgano fiscalizador pidió a la contraloría interna de la Cámara de Diputados iniciar una investigación y un procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que no realizaron el estudio para verificar a detalle la trayectoria y eficiencia de las agencias de viajes, es decir, a Haro Bélchez y sus colaboradores.

El informe de resultados de la auditoría refiere que, en su sesión del 19 de diciembre de 2006, el comité de administración, que en el primer año de la 60 Legislatura presidió el diputado priísta por Campeche Víctor Manuel Méndez Lanz, decidió renovar los contratos de las agencias para 2007, pero condicionado a que la secretaría general presentara dos días después una investigación e informe sobre las siete compañías, misma que Haro Bélchez no entregó sino hasta el 12 de enero.

Ese mismo día, el secretario técnico del comité, Oswaldo Rivera Méndez, instruyó a la propia secretaría general para que a partir del primero de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de ese año, se contratara mediante adjudicación directa a las siete empresas.

También, la ASF definió que, a pesar de ser un apoyo recurrente y ordinario, la Cámara no acumula esas aportaciones a los ingresos por dieta de los diputados, por lo que no pagan el impuesto sobre la renta, en contravención del artículo 110 de la ley respectiva, el cual señala que serán gravadas “las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación…”

En las conclusiones de la revisión sobre el concepto pasajes y viáticos de los diputados, como parte de la auditoría a la Cuenta Pública 2007, la Auditoría Suoerior de la Federación reveló que sólo por pasajes internacionales para viajes oficiales, la Cámara gastó 24 millones 565 mil 300 pesos, lo que representa 113 mil 623 pesos, en promedio, por cada legislador comisionado al extranjero.

La Auditoría Superior explicó que la Dirección de Servicios a Diputados, que depende del secretario general, Guillermo Haro Bélchez, carece de elementos para verificar quién realizó los vuelos en relación con la dotación de cupones entregados a los legisladores cada mes, además de que en los contratos con las agencias éstas no tienen obligación de comprobar quién realizó el canje y a nombre de quién se expidió el boleto, la cantidad de vuelos por persona, la línea aérea que prestó el servicio y el número de vuelo.

Tampoco hay mecanismos que permitan comprobar que los diputados hayan efectuado el viaje o bien que, al concluir el mes, soliciten a las agencias el canje por dinero en efectivo, para lo cual éstas piden a los legisladores una comisión de seis por ciento, práctica recurrente en cada legislatura.

Finalmente, al revisar la subpartida 3811-01, Pasajes nacionales en el desempeño de comisiones y fuentes oficiales, Boletos-bonos de diputados, la auditoría detectó que no existe una norma que obligue a los diputados a comprobar que en realidad utilizaron los bonos, pues sólo deben firmar al recibirlos. Y si bien cada cupón tiene impresa la leyenda no son canjeables por título, valor o dinero en efectivo, no existe un mecanismo de control que lo impida.