Esta semana podría realizarse la primera reunión entre la Secretaría de Gobernación (SG) y el Instituto Federal Electoral (IFE) para discutir los alcances de la cédula de identidad y sus efectos en el ámbito electoral, tanto en la participación como en las complicaciones para mantener la actualización del padrón.

Para ello, el IFE elabora al menos dos estudios sobre aspectos jurídicos y las implicaciones directas de este nuevo instrumento de identidad. Aunque el más reciente, realizado por el Comité de Expertos del Padrón Electoral, con ocasión de los comicios, subraya la penetración extraordinaria en la sociedad mexicana que ha tenido el padrón como elemento central de la evolución democrática del país.

Así lo revela la evolución de las cifras de las verificaciones nacionales muestrales, que en 2008 arrojaron una estimación de la cobertura de este instrumento de 96.1 por ciento, es decir, que 96 de cada 100 ciudadanos residentes en el país están inscritos en el padrón, señala el informe.

Por otro lado, reportes preliminares sobre la creación de la cédula de identidad ciudadana indican que recientemente se alcanzó un convenio para la incorporación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en la credencial de elector –desde finales de 2008–, con lo que se refuerza su carácter de medio de identidad.

Se destaca, para apuntalar la confiabilidad de la credencial de elector, que el Registro Federal de Electores cuenta con 55 millones de registros personales (huellas dactilares y fotografías), que son datos confidenciales resguardados por la legislación. Esta tecnología se aplica para evitar el mal uso y expedición de duplicados fraudulentos, que se denuncian ante la Procuraduría General de la República.

El factor presupuestario

En esta lógica, y con la premisa de defender la importancia y confiabilidad del padrón electoral, los funcionarios del IFE acudirán a la próxima reunión con la Secretaría de Gobernación. La discusión se dará en vísperas de que el IFE apruebe su propuesta de presupuesto de 2010, en el cual uno de los programas estratégicos es la actualización del padrón electoral.

Lo anterior, por la importancia que tiene para el IFE la sustitución de 10 millones de credenciales de elector denominadas 03 –debido a que en el reverso, el recuadro para marcar el ejercicio del voto llega hasta 2003– de cara a las elecciones de 2012, cuando éstas micas estarán caducas.

El estudio de los expertos destaca la importancia del padrón, ya que no sólo están incluidos los ciudadanos que residen en el país, sino todos los mexicanos, por nacimiento o naturalización, que cumplieron los requisitos fijados por la ley, que además no han sido dados de baja por alguno de los motivos estipulados para tal efecto (defunción, suspensión de derechos políticos).

A partir de esta circunstancia se explica la diferencia existente, por ejemplo, con la población censada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o estimada por el Consejo Nacional de Población (Conapo), pues se estima que alrededor de 5 millones de ciudadanos empadronados no residen en el país y probablemente 2 millones de registros correspondan a ciudadanos fallecidos, esto, independientemente del subregistro de población que pudo tener el conteo de población de 2005.

Los expertos –entre los cuales hay demógrafos, estadísticos, especialistas en geografía electoral e informática– destacan la dinámica demográfica del país, lo que permitió que entre 2006 y diciembre de 2008 se incorporaran 5.8 millones de registros al padrón. De ahí que subrayan como principal reto su actualización permanente.

Éste es un problema que podría agudizarse a consecuencia de la crisis económica, por lo que el IFE deberá tomar cartas en el asunto para evitar que adquiera mayores dimensiones.

Por ello, la preocupación central en el IFE es el efecto que tendría para esta actualización la existencia de otro instrumento de identidad que –como documento oficial de identificación– eventualmente desplazará a la credencial de elector.

Un análisis sobre la seguridad de los datos del padrón arroja un 80 de calificación en función del análisis de riesgos y vulnerabilidades. Se determinó que los activos informáticos y documentales bajo resguardo están administrados y protegidos adecuadamente, sin descuidar los procesos de depuración. Por lo tanto, el padrón de electores y las listas nominales de electores no poseen defectos derivados de fallas u omisiones en la seguridad informática.