Senadores y diputados del PRI y el PRD advirtieron que el gobierno de Calderón debe poner fecha a la salida del Ejército del combate al narcotráfico, pues a pesar de la presencia militar en entidades con mayores problemas de inseguridad, la violencia no se ha logrado detener y paralelamente crecen los abusos de militares contra civiles.

Coincidieron en que no aprobarán las iniciativas de Calderón, con las que pretende legitimar la presencia del Ejército en las calles, ya que es un intento más por instaurar un Estado policiaco y autoritario en el país.

Los militares deben regresar a sus cuarteles; nada tienen que hacer en tareas policiacas, advirtió el senador priísta Adolfo Toledo Infanzón, quien agregó que la estrategia de Calderón contra el crimen organizado es un fracaso, porque la usó como instrumento para golpear a la oposición y buscar votos para el PAN, en lugar de realmente combatir a las bandas criminales.

Igualmente, los senadores perredistas Pablo Gómez y Arturo Núñez consideraron que mientras las denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por militares se incrementan día a día, y por ese motivo, el Congreso de Estados Unidos sopesa suspender parte de la ayuda contenida en el Plan Mérida, en México los ajusticiamientos y ejecuciones son ya un asunto cotidiano en varias entidades.

El senador Gómez hizo notar que pese a la fuerte presencia militar en Chihuahua, la violencia no cesa en esa entidad, en particular en Ciudad Juárez, donde diariamente hay ejecuciones.

Gómez Álvarez resaltó que los militares han hablado de un plazo de un año para retirarse del combate al narcotráfico, pero ello no será posible porque el gobierno federal no ha capacitado a los cuerpos policiacos, a fin de que puedan hacerse cargo de las tareas de seguridad del Estado.

A su vez, el senador priísta Toledo Infanzón, insistió en que ya ni los mandos castrenses están conformes en continuar con tareas para las que no fueron formados ni entrenados, y que además desgasta al Ejército como institución, por los casos cada vez más frecuentes de abusos contra civiles.

El legislador oaxaqueño reiteró que la información solicitada por el gobierno de Estados Unidos sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares, es otro elemento más que debe obligar a Calderón a revisar a corto plazo el regreso a sus cuarteles de las fuerzas armadas.

A su vez, el senador perredista Lázaro Masón aseguró que cada vez son más las voces que piden la salida del Ejército de Guerrero, dadas las agresiones constantes contra la población, que llegaron incluso al asesinato del indígena Porfirio Rubio, a quién alcanzó una de las balas de los 30 soldados que dispararon contra un autobús en un retén.

Igualmente, el senador perredista Arturo Núñez resaltó que aunque el Ejército ha dado algunos golpes contra el narcotráfico, en general hubo un manejo político electoral de la estrategia del gobierno federal en materia de inseguridad, como fue el caso de Michoacán.

Núñez precisó que el PRD está muy pendiente de las cuatro iniciativas que Calderón presentó en el Senado a fines de abril, las que plantean dar al Ejército mayores facultades, legalizar su participación en el combate al crimen organizado y abrir la puerta al establecimiento de estados de excepción, sin la intervención del Congreso.

Al respecto, el diputado perredista Alfonso Suárez del Real dijo que para el gobierno de Calderón el respeto a los derechos humanos constituye un problema de pesos y centavos y no es una condición inherente a las políticas de seguridad implementadas por sus instituciones.

Tan sólo en junio pasado, recalcó, el gobierno rechazó importantes recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relativos a la violación a garantías fundamentales del pueblo mexicano, derivadas de la guerra declarada por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, pero ahora el calderonismo se muestra preocupado por las observaciones del Congreso estadunidense en el mismo sentido.

Suárez del Real sostuvo también que las fuerzas armadas se convierten en instrumento del poder político que pretende instaurar un Estado autoritario.

La preocupación –detalló– es porque están en riesgo la administración de recursos provenientes del Plan Mérida (un total de mil 400 millones de dólares), de los cuales, al menos 15 por ciento se encuentra condicionado al avance en materia de respeto a los derechos humanos, incluyendo la fiscalización de los acusados de violaciones, la prohibición del uso de declaraciones extraídas por tortura y consultas constantes con agrupaciones de derechos humanos.”