asi de forma simultánea, distintos comandos atacaron desde la madrugada de ayer posiciones de la Policía Federal en Morelia, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Zitácuaro y por lo menos otros tres municipios, además de un retén militar en Zamora. La violencia en Michoacán continuó por la tarde, cuando un grupo armado agredió un convoy de patrullas federales en un entronque de carretera. Posteriormente, fuentes de la propia Policía Federal informaron que esos embates contra sus bases obedecieron a una represalia por la captura de Arnoldo Rueda Medina, presunto coordinador operativo de la organización criminal conocida como La Familia.

Los hechos que se comentan no sólo constituyen una muestra de la resolución y la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas, sino que dan cuenta también de un notable avance de éstas en materia de logística, coordinación y hasta en tareas de inteligencia desde que las fuerzas armadas fueron lanzadas en su contra hace casi tres años. Durante este tiempo también se han recrudecido los métodos y la intensidad de los ataques del crimen organizado, y estos grupos han pasado de las confrontaciones intestinas o bien las que mantenían con las fuerzas policiacas, a los atentados contra miembros prominentes del poder político –como ocurrió en febrero pasado cuando un comando atacó la caravana en que viajaba el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza– e incluso contra civiles indefensos, como ocurrió el 15 de septiembre del año pasado en Morelia.

Estas consideraciones ponen en evidencia el fracaso de las medidas anunciadas y adoptadas por el gobierno federal para combatir la violencia y la inseguridad. En cambio, y sobre todo a raíz de demostraciones como las de ayer, cunde en la opinión pública la percepción de que la estrategia oficial contra la delincuencia organizada ha tenido efectos contrarios a los buscados: ha exacerbado las manifestaciones de la criminalidad; ha llevado a los grupos delictivos a desafiar al Estado en forma cada vez más resuelta, y ha acentuado la zozobra y el miedo en forma generalizada, todo ello acicateado por un alto nivel de corrupción e infiltración en las corporaciones policiacas de todo el país.

Por lo anterior, sería deseable y necesario que el gobierno federal reconociera la improcedencia de su actual estrategia contra el crimen y diera un viraje en la política de seguridad vigente. Sin embargo, el discurso oficial se empeña en señalar que el país está en guerra y que, por tanto, la derrota del adversario habrá de alcanzarse exclusivamente por la fuerza militar y policiaca. Del mismo modo, la autoridad federal continúa sin comprender la complejidad de los fenómenos delictivos que, a fin de cuentas, no son más que expresiones epidérmicas que se desarrollan sobre insoslayables condiciones de debacle económica, descomposición social y bancarrota institucional; no han sido puestas en marcha, por tanto, acciones de fondo –del todo necesarias– para disminuir la pobreza, la desigualdad y la desazón social generalizada, ni para moralizar los ámbitos gubernamentales invadidos por la corrupción delictiva.

El auge de la violencia y la inseguridad en el país –particularmente visible en expresiones como las de ayer en Michoacán– no es una buena noticia para nadie, y por ello el gobierno debe aceptar que, en los hechos, la estrategia de seguridad pública no se puede limitar a la persecución militar y policial de los infractores de la ley –por intensa que sea–, y que no se puede combatir efectivamente a la criminalidad sin una concepción integral, coherente y socialmente sensible de ese tipo de fenómenos.