De los 27 funcionarios públicos de Michoacán que fueron trasladados este fin de semana al penal federal de El Rincón, en Nayarit, dos quedaron sujetos a proceso para ser juzgados por sus presuntos vínculos con el cártel de La Familia, revelaron fuentes judiciales.

Se trata del ex procurador general de Justicia de esa entidad Miguel García Hurtado y del juez local y ex subprocurador Jaime Liera Álvarez.

Los otros 25 funcionarios, entre ellos siete alcaldes, deberán esperar a más tardar al próximo jueves para conocer si también se les dicta el auto de formal prisión por delitos vinculados a la delincuencia organizada, debido a que solicitaron la duplicidad del término constitucional (de 72 a 144 horas) para aportar pruebas en su descargo.

Ayer el juzgado segundo de distrito de procesos penales con sede en Nayarit determinó que las pruebas aportadas por la fiscalía antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR) son suficientes para iniciar un juicio contra García Hurtado y Liera Álvarez.

Según las constancias de la averiguación previa SIEDO/ UEIDCS/398/2008, testigos protegidos aseguraron que tanto el ex procurador michoacano como el juez penal presuntamente recibían alrededor de 20 mil dólares mensuales a cambio de información confidencial y de protección para los integrantes de La Familia.

De su lado, abogados de los alcaldes presos en El Rincón informaron que los inculpados se reservaron su derecho de rendir declaración, y frente al juez federal que resolverá su situación jurídica en las próximas horas sostuvieron que son inocentes de los cargos que les imputan.

En ese sentido, el abogado Juan Rivero, defensor del edil de Zitácutaro, Juan Ixtláhuac, entregó al juez de Nayarit un escrito firmado por su defendido, en el que criticó el hecho de que la PGR haya utilizado un doble rasero en el tema de las investigaciones de Michoacán.

Aun cuando es obligación de la fiscalía federal tener que recibir y desahogar todo lo ofrecido por los indiciados, ésta ha decidido no recibirnos nada y consignar, impidiendo de manera total que salga a luz el verdadero origen de la detención de los funcionarios, esto es, los intereses políticos de los que gobiernan a la Federación, quienes se cubren con una falsa máscara de guerra contra la delincuencia organizada, cuando en realidad utilizan dichos mecanismos para atropellar a los ciudadanos, expuso Ixtláhuac.

“Una vez que se han obtenido las constancias que tan recelosamente guardaba la PGR en sigilo, podemos destacar que de las diversas acusaciones realizadas por los testigos protegidos en general, sobresalen acusaciones graves a personajes de la alta jerarquía política que hasta el momento resultan intocados.

Nosotros nos cuestionamos al respecto, ¿por que existen tales diferencias si todos son acusados de la misma manera? Al parecer la respuesta a dicha interrogante puede despejarse con la incapacidad de lograr pasar un filtro como lo es el fuero, ante cualquier Congreso, con las endebles y manipuladas pruebas con las que cuenta la PGR, agregó.