l anuncio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh, de que se interpondrá una demanda por responsabilidad civil contra la Secretaría de Finanzas de Sonora y contra los propietarios y administradores de la guardería ABC, cuyo incendio el pasado 5 de junio dejó un saldo de más de 40 menores muertos y de otros 20 lesionados, viene a sumarse a una serie de reacciones equívocas, improcedentes y contradictorias de los gobiernos estatal y federal, acciones que han hecho sospechar a la opinión pública que existe un designio, en ambos niveles gubernamentales, de impunidad para los responsables de la tragedia.

Cabe recordar que al día siguiente de la catástrofe el propio Karam declaró que el establecimiento reunía todos los requisitos; unos días más tarde, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, anunció que nadie iría a prisión porque el incendio no había sido intencional, y se negó a atraer la investigación, pese a que la guardería ABC es un plantel subrogado por una dependencia federal. Por otra parte, hay la impresión generalizada de que el gobierno que encabeza Eduardo Bours Castelo ha hecho todo lo posible por retrasar y minimizar el deslinde de responsabilidades; de hecho, pasaron dos semanas entre la catástrofe y la solicitud de órdenes de aprehensión formulada por la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJS) en contra de 18 presuntos responsables, entre los cuales no figuran los copropietarios de la guardería considerados influyentes, por estar emparentados ya sea con ex funcionarios del gabinete de Bours o con la esposa del titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala. Por su parte, Karam no había cumplido, hasta ayer, con divulgar los nombres de los accionistas de las guarderías subrogadas por el IMSS en todo el país, como se había comprometido el pasado 10 de junio.

La actitud de las autoridades federales y estatales de rebotarse mutuamente las responsabilidades, de depositarlas en instancias inferiores de ambos gobiernos o de diluirlas –como pretende hacerlo ahora el IMSS– en un laberinto judicial que padece un justificado desprestigio, constituye un agravio a los familiares de los niños fallecidos, a la sociedad de Sonora y a la del país.

Más allá de los indicios de una investigación simulada y de una justicia bajo sospecha, la tragedia de la guardería ABC apunta a una responsabilidad no penal, pero sí política, que incumbe a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, en los cuales se ha promovido un esquema de subrogación de estancias para menores –tanto en el IMSS como en la Secretaría de Desarrollo Social– que busca multiplicar las oportunidades de negocio en detrimento del bienestar y la salud de los pequeños; que confunde propósitos económicos (crear empleos y changarros) con metas sociales (dar cobertura a los derechohabientes), y que aplica, en ámbitos manifiestamente improcedentes, la cláusula neoliberal de subcontratar a entidades e individuos privados servicios básicos que debieran estar a cargo del Estado. Pero, tras el incendio de la guardería ABC, la autoridad federal, lejos de reconocer esta improcedencia, ha realizado la apología de las supuestas bondades de la subrogación. No existe, en suma, la voluntad de corregir errores, y ello coloca al país en la alarmante perspectiva de que vuelvan a ocurrir hechos trágicos como el que tuvo lugar en Hermosillo el pasado 5 de junio.