Como parte de su defensa a la educación pública en México, diputados y senadores de PRI, PAN y PRD exigieron al gobierno de Felipe Calderón no afectar el presupuesto de las universidades públicas y que se dejen sin efecto los recortes a la Universidad Autónoma Chapingo.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores se refirieron a la petición que hizo la Secretaría de Educación Pública federal para aplicar un recorte voluntario en estas instituciones. El coordinador de los diputados federales del PRD, Javier González Garza, enfatizó que los centros educativos son áreas estratégicas de la nación, por lo que deben respetarse los fondos aprobados en el presupuesto.

A su vez, el panista Juan José Rodríguez Prats recordó que antes de fundarse centros educativos de prestigio, como Harvard, en América Latina ya había universidades, lo que evidencia su relevancia en el contexto educativo, social y cultural del país, por lo que no debe descuidarse este rubro.

Mientras, el diputado de Convergencia José Manuel de Río Virgen sostuvo que el Estado mexicano ha incumplido con la educación, y mencionó que de 10 millones de jóvenes, de 19 a 23 años que viven en el país, sólo se atiende en las universidades públicas a 27 por ciento, es decir, unos 7 millones quedan fuera del sistema escolar.

Propuso que para financiar a universidades se recorten prestaciones y salarios a secretarios de Estado, a gobernadores y sus gabinetes, a legisladores y jueces, y enviar dichos recursos a esos centros de estudio.

También el senador del tricolor Adolfo Toledo aseveró que el gobierno de Calderón carece de una visión de Estado en materia educativa, por lo que propuso que se destine al menos 1.5 por ciento del producto interno bruto al rubro (PIB).

Lamentó que desde 1988 el gasto federal en ciencia y tecnología se haya estancado, lo que derivó en una tendencia decreciente del número de becarios mexicanos, que cayó de unos 18 mil en ese año a 15 mil en 2003.

Destacó que el país cuenta con menos de un investigador por cada mil personas económicamente activas, en contraste con naciones industrializadas, que tienen entre cinco y siete investigadores por el mismo número de asalariados.

Priístas y perredistas coincidieron en la necesidad de reorientar las políticas de educación superior, toda vez que los recursos federales designados a este rubro sólo crecieron 3.5 veces de 1970 a 2002, frente a un aumento de ocho veces en la matrícula.

Los gobiernos de la alternancia han sido incapaces de cambiar las prioridades presupuestales para asignar recursos al rubro. Por ejemplo, en 1994 el presupuesto para la UNAM alcanzó 0.25 del PIB, mientras que para 2003 sólo fue de 0.23 por ciento, puntualizó Toledo.