La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró al gobierno federal que no está en condiciones de aplicar medidas de ajuste en su presupuesto aprobado para 2009 por la Cámara de Diputados, el cual asciende en principio a 24 mil 337 millones de pesos. Rechazó haber recibido una ampliación fiscal del gobierno, pues en años recientes ha cumplido con sus obligaciones hacendarias en apego a las normas para tal efecto.

La UNAM respondió, en un comunicado, a la petición que las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP) hicieron el martes pasado a las instituciones públicas de educación superior en el sentido de cuidar su presupuesto y aplicar de manera voluntaria medidas de racionalización del gasto y contribuir, en la medida de sus posibilidades, al esfuerzo de ahorro que está realizando el sector.

De manera oficial, la universidad subrayó que cualquier reducción presupuestal pondría en riesgo no sólo las condiciones académicas y laborales, sino un cúmulo de proyectos científicos, humanísticos y culturales que ya están en marcha, a los que la UNAM no puede sustraerse.

La Cámara de Diputados aprobó para 2009 un presupuesto de casi 79 mil millones de pesos para las instituciones públicas de educación superior del país, de los cuales 24 mil 337 millones se destinaron en principio a la UNAM. En diciembre pasado, el Consejo Universitario, máximo órgano de decisión de la casa de estudios, aprobó que estos recursos se apliquen de la siguiente manera: 14 mil 785 millones, 61 por ciento, a docencia; 6 mil 183 millones, 25 por ciento, a investigación; 2 mil 122 millones, 9 por ciento, a extensión universitaria; y sólo 5 por ciento, mil 216 millones, a gestión administrativa.

Las autoridades de la institución recordaron la importancia que tiene para el desarrollo del país el incremento presupuestal sostenido para las universidades e instituciones públicas de educación superior, la ciencia, las humanidades y las artes. Hecho que continuarán reiterando ante las autoridades correspondientes, los legisladores y la sociedad en su conjunto.

Asimismo, manifestaron su sorpresa por la afirmación de la SEP y la SHCP de que durante el actual ejercicio se realizó una ampliación fiscal significativa de mil 600 millones de pesos para que algunas universidades públicas federales, entre ellas la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, pudieran ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

Al respecto, subrayaron que la máxima casa de estudios sistemáticamente ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones fiscales de acuerdo con las disposiciones de las autoridades hacendarias, y el presente ejercicio no es la excepción. Por ello, sorprende que en el comunicado SEP-Hacienda se haga referencia a una ampliación por mil 600 millones de pesos para las instituciones de educación superior señaladas.

La UNAM refirió además que desde el pasado 8 de junio informó a la SEP que los Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009 –emprendidos por el Ejecutivo federal para reducir su gasto administrativo y de operación y así alcanzar un ahorro adicional de 35 mil millones de pesos durante 2009– no se aplican esta casa de estudios.

Con base en la opinión del abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, estas medidas de austeridad de la administración calderonista –que se echaron a andar debido a la crisis económica mundial, la caída de los precios internacionales del petróleo y el gas y al reciente brote de influenza humana y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de mayo– no son aplicables a una institución autónoma como la UNAM, por lo que sólo son obligatorias para la administración pública federal.

La institución remarcó que desde el inicio de 2009 su administración central se comprometió con una serie de medidas de austeridad cuyo objeto es asegurar el mejor uso de los recursos financieros públicos que le fueron otorgados para este ejercicio fiscal. Esto, agrega el comunicado, se constata en las auditorías propias y externas, con la publicación de la Cuenta anual auditada y con la entrega a la Cámara de Diputados de toda la información correspondiente.