Por respeto a su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales, las autoridades del sector salud deben mantener bajo reserva los nombres y otros datos de las personas contagiadas con el virus de la influenza humana A/H1N1, así como los de quienes han fallecido por esa causa, consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.

En un comunicado, la CNDH indicó que la divulgación o el uso no médico de dichos datos es contrario a una de las garantías fundamentales amparadas por el orden jurídico en vigor, ya que las personas pueden ser víctimas de actos discriminatorios y de segregación.

Durante una gira por San Luis Potosí, el ombudsman nacional consideró también que la atención médica preventiva que proporcionan las instituciones públicas de salud debe hacerse extensiva a miles de migrantes indocumentados, especialmente centroamericanos, que cruzan el territorio nacional con la intención de internarse en Estados Unidos –anualmente se estima que pasan por México alrededor de 300 mil migrantes irregulares–, y cuyo trayecto les lleva en promedio un mes.

Dijo que a los indocumentados que en la contingencia sanitaria acudan para su revisión o atención a los centros de salud se les debe garantizar que no serán detenidos para deportarlos.

Manifestó que el derecho a la protección de la salud podrá alcanzarse con el cumplimiento puntual de las obligaciones del Estado mexicano en esa materia, que incluye la adopción de medidas de carácter legislativo, administrativo y presupuestal para que el derecho fundamental a la salud tenga plena efectividad.

La protección de la salud demanda instituciones públicas de ese sector cada vez más eficientes y mejor dotadas de recursos, con planeación de programas y políticas públicas definidas que coadyuven a la creación de más infraestructura y a la formación de recursos humanos para brindar servicios oportunos y de alta calidad en todo el país, refirió.

Para ello, la CNDH propone, entre otras medidas, que la Cámara de Diputados y las legislaturas estatales asignen más recursos a las instituciones del sector salud e impidan el deterioro de su infraestructura física y de servicios.

Señaló que de acuerdo con el análisis de las casi 12 mil quejas recibidas en la CNDH entre 2000 y 2009 sobre los servicios de las instituciones públicas de salud –recientemente divulgado–, el problema más grave y recurrente sigue siendo la tardanza en la atención de derechohabientes.