San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de abril. Los gobiernos federal y del estado de Chiapas utilizan las fuerzas policiacas para reprimir la protesta social, expuso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) al llamar a una acción urgente ante la agresión policiaca contra el ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, cuyos pobladores son adherentes de la otra campaña.

Las fuerzas policiacas también han agredido o encubierto ataques a bases de apoyo zapatistas del vecino poblado San José en Rebeldía, en el crucero a las cascadas de Agua Azul, y en Agua Clara, ambas en el municipio autónomo Comandanta Ramona.

El CDHFBC subraya que “la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en inserción pagada en La Jornada y Cuarto Poder (17 de abril), publicó las fotografías de seis detenidos, calificándolos de asaltantes, en una clara violación de su honra y dignidad, dado que judicialmente no han podido demostrarles los delitos que les imputan. Los estigmatiza como delincuentes ante la sociedad, en una clara vulneración al derecho de presunción de inocencia”.

Hay que reconocer que con el despliegue que se ha dado a esa información del gobierno –destaca–, hasta parecía que habían capturado a narcos importantes o a algún ex procurador de bien ganados odios; pero no. Se trata nada más de exhibir a una presunta banda de asaltantes. Aun si lo fueran, ¿ameritaría planas enteras en toda la prensa estatal y nacional, como ha sido el caso?

El regreso de los alboristas trae de vuelta las tácticas publicitarias del último gobierno priísta (1998-2000), cuando, como en la guerra, la verdad era siempre la primera baja.

El CDHFBC denuncia que la PGJE estigmatiza a los detenidos. El día 15, tropas federales dispararon contra los manifestantes en el crucero de Agua Azul, quienes exigían la liberación de seis compañeros, acusados de ser asaltantes.

Antes y durante el operativo, los policías se han reunido con miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), denunciados como paramilitares vinculados con los asaltos a turistas en Xanil, Agua Azul y Agua Clara. A la vez, la policía pretende devolver a Opddic la mina de arena que ilegalmente habían explotado algunos de sus miembros, hasta que meses atrás fue recuperada por el ejido de San Sebastián.

La policía adelantó a la prensa estatal que también desalojaría a los zapatistas que viven en Agua Clara y devolvería el balneario a los priístas de las inmediaciones, así como las instalaciones que este grupo dejó en abandono desde el sexenio anterior.

Según fuentes oficiales, el operativo es federal, como consecuencia de una denuncia penal por el delito de ataques a las vías federales de comunicación.

Además, las acciones de intimidación, hostigamiento y provocación de un convoy de la policía en la región autónoma rebelde zapatista San José en Rebeldía, ocasionaron que los priístas de la zona se pusieran agresivos contra las bases del EZLN.

En Agua Clara, donde los priístas se han reunido repetidamente con los agentes, señalando la casa de Eliseo Silvano, zapatista que ya fue torturado por la policía hace un año, los agentes amagaron con ingresar al predio, pero hasta el momento no lo han hecho, si bien sus acciones provocaron una trifulca en el lugar, según la denuncia del CDHFBC.

El organismo civil considera que estos eventos son una muestra de la criminalización de la protesta social; el gobierno de Chiapas utiliza la procuración de justicia y los medios de comunicación como mecanismos de represión, como ha hecho con otras organizaciones en días recientes.

Todo se da en el contexto de la construcción inminente de la autopista San Cristóbal-Palenque, que incluye como punto clave de los proyectos ecoturísticos las cascadas de Agua Azul, donde se localizan diversos poblados en resistencia, zapatistas o de la otra campaña.