Los abogados del sindicato minero entregaron ayer a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal una copia certificada del amparo indirecto que concedió el juez segundo de distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal al secretario general de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga.

Con esta notificación la Policía Federal Preventiva (SSP) no puede realizar ninguna acción de desalojo, toda vez que queda sin efecto el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que daba por concluida la relación laboral entre Grupo México y los mil 200 trabajadores de Cananea, señalaron los representantes legales del gremio.

El sindicato exhortó al titular de la SSP, Genaro García Luna, a que respete la suspensión legal y el derecho de huelga en Cananea, y evite ordenar la intervención de la fuerza pública contra los trabajadores mineros, so pena de incurrir en violación a la propia suspensión.

En un comunicado, el sindicato minero calificó de impreciso y falaz el boletín emitido la víspera por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde se destaca que no es cierto que un juez federal haya otorgado un amparo directo al sindicato para dejar sin efectos la resolución de la JFCA.

Destacó que con el otorgamiento de la suspensión susbsiste la huelga que el pasado 14 de este mes fue determinada como legal y existente.

El sindicato manifestó su temor de que la PFP pretenda violar la suspensión y agredir a nuestros compañeros, debido a que los trabajadores en huelga han reportado que los elementos federales que se encuentran en Cananea, se están reagrupando.

El abogado de los mineros, Carlos de Buen, adelantó en entrevista que este sábado todos los mineros interpondrán amparos indirectos y el sindicato presentará su demanda directa el lunes ante un tribunal colegiado.

El litigante Marco del Toro puntualizó que los trabajadores ejercerán todas las acciones legales de defensa, en el país y el extranjero, lo que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tenemos quejas en curso por la cantidad enorme de violaciones en que han incurrido contra los mineros, y la Organización Internacional del Trabajo.

En Cananea, el líder sindical, Sergio Tolano Lizárraga entregó a reporteros copias de los documentos emitidos por el juez y negó tajantemente que hayan recibido instrucción de algún militar o ex militar para la instalación de las defensas de las puertas de acceso al socavón.

Nos vamos a defender como podamos si nos agreden, pero nosotros no usamos ni armas ni nada: con lo que agarremos del piso nos vamos a defender. No somos personas que andemos planeando un ataque de guerra y nos vamos a defender de frente, caiga quien caiga; yo sé que son frases duras, pero la gente está decidida y por qué lo está, pues porque es el patrimonio nuestro y el de nuestras familias, expuso.

Javier Lozano Alarcón trabaja para los intereses de Grupo México, ahí queda demostrado que le gana el rencor contra nosotros, le gana de una manera muy visible y la verdad por eso hemos venido señalando todo el tiempo que Javier Lozano es un trabajador más de Grupo México, dijo.

Protección para un solo minero

Por la noche, la STPS difundió declaraciones del subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, que fijan la posición sobre el amparo indirecto concedido a los mineros, donde considera que es evidente que la petición no tiene procedencia porque el acto fue consumado.

En su consideración, “el día 14, antes de la medianoche, la propia Junta declaró que se habían terminado las relaciones colectivas de trabajo y, por lo tanto, una vez que ya se da esta suspensión se queda sin materia, porque ya se dictó un laudo en el cual se reconoce que hay una suspensión provisional para el efecto de que a esta persona se le respeten sus derechos como trabajador en carácter individual.

Nos estamos refiriendo que no se ejecute el laudo a la persona física. Hay un principio en la Ley de Amparo, por el cual hay un principio de la relatividad de la sentencia, que sólo se aplica a esta persona no a todos, destacó.

Durante la mañana del viernes, un comandante de un agrupamiento de granaderos de la PFP, señaló que sus elementos están preparados para tomar la mina de Cananea si le llega la orden de un juez para hacerlo.