Concebidos como la alternativa para llevar servicios médicos de alta especialidad a los estados de la República y contribuir en el objetivo de alcanzar la cobertura universal de salud, los proyectos para prestación de servicios (PPS) mediante la construcción de hospitales regionales de alta especialidad (HRAE) representan claros avances de la incursión de la iniciativa privada en un área de responsabilidad del Estado, aseguran análisis de especialistas de México y otros países con esquemas de inversión similares.

Los estudiosos del tema confirman lo que dicen los gobiernos: dadas las restricciones de la inversión pública, sin la participación de las empresas privadas no sería posible contar con infraestructura de alto nivel para atender padecimientos crónicos y graves como el cáncer y las afecciones cardiovasculares, entre otras.

Sin embargo, advierten, esto que se puede plantear como una ganancia, porque los gobiernos no tienen que realizar grandes desembolsos en lo inmediato, sólo lo es en el corto plazo, porque con estos proyectos las finanzas públicas quedan comprometidas por los siguientes 25 años, durante los cuales se pagarán costos elevados por los servicios de la empresa privada, superiores a los que se habrían erogado con una inversión gubernamental.

Los cuestionamientos a los PPS empiezan por los montos pactados en los contratos. En los HRAE del Bajío y Ciudad Victoria –los dos primeros de 12 que se prevé edificar bajo este esquema– son superiores a los que se habrían erogado mediante el esquema tradicional, de inversión únicamente gubernamental, asegura información del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la normatividad, para autorizar los PPS se debe realizar un análisis costo-beneficio. Para el caso del HRAE del Bajío, su costo, con participación de la iniciativa privada, seria de 2 mil 839 millones de pesos, mientras que con inversión gubernamental –proyecto de referencia (PDR)– habría salido en 3 mil 436.6 millones de pesos. No obstante, el contrato con la empresa de capital español Acciona se firmó por 3 mil 600 millones de pesos, es decir, 163.8 millones de pesos más con respecto al PDR.

El mismo análisis realizado a partir de datos obtenidos del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) destaca que en 2008 se pagó al inversionista proveedor un promedio mensual de 13 millones 864 mil 124 pesos, es decir, 166 millones 369 mil 495 pesos al año; pero el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 prevé una erogación menor, de 151 millones en el año para este rubro.

Otro asunto es que la aportación a la empresa se ubica en el rubro de pago de servicios, que se localiza en el gasto corriente, y no como la deuda que es realmente, se afirma en la investigación realizada por Asa Cristina Laurell, secretaria de salud del gobierno legítimo. Además, apunta, los compromisos de pago de estos proyectos tienen prioridad en el proceso de asignación presupuestal.

En el caso del HRAE de Ciudad Victoria, inaugurado el pasado 27 de marzo por el presidente Felipe Calderón, las variaciones son aún mayores. Mientras el estudio costo-beneficio indicó un gasto de 2 mil 172 millones de pesos, y de 2 mil 317 millones para el PDR, el contrato se firmó por cuatro mil 724.9 millones de pesos. Esta cifra es 30 por ciento superior a los del contrato del HRAE del Bajío, aunque éste tiene 184 camas censables y el de Ciudad Victoria sólo 100.

Con la firma del contrato, el inversionista se compromete a construir el inmueble, adquirir e instalar los equipos y hacerse cargo de la operación del hospital, lo que incluye mantenimiento, almacén, intendencia, cocina, telecomunicaciones, vigilancia, lavandería y ropa. La prestación de la atención médica queda a cargo del gobierno federal e implica la contratación y pago de salarios del personal y la compra de medicamentos.

Advierten sobre selección de riesgos

Los PPS son un esquema que inició en los años 90 en Inglaterra; actualmente también existe en España, Canadá y Australia. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de España hizo un análisis de lo que en ese país se conoce como la iniciativa de financiación privada y concluye que con estos esquemas ganan en el corto plazo los gobiernos que pueden construir hospitales transformando gasto de capital en gasto corriente y trasladarlo al futuro durante muchos años.

Políticamente estos proyectos tienen indudables ventajas para quien gobierna: construye el hospital en poco tiempo, le saca rentabilidad electoral y pagan los que vengan detrás.

En el largo plazo, dice, también ganan las empresas, porque mantienen y amplían sus carteras de contratación y reducen sus riesgos de inversión. Asegura que en Inglaterra estos consorcios crecieron 8 por ciento en 2003 y obtuvieron entre 3 y 10 veces más ingresos que con los contratos tradicionales.

Para la FADSP, los perdedores con los PPS son el sistema de salud pública que debe pagar precios muy elevados y limita su capacidad de operación al pago a los contratistas. Para los usuarios de los servicios médicos, el riesgo es que se reduzca el número de camas y de plazas médicas, en favor de la ganancia de los empresarios.

Además, afirma, existe la posibilidad de que en los hospitales con inversión privada se instaure la selección de riesgos en perjuicio de los pacientes con enfermedades complejas y costosas, quienes serían rechazados en estas unidades clínicas, como ya ha ocurrido en hospitales de Inglaterra y España.