La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) elaboran un reporte preliminar sobre el paradero de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez– desaparecidos en mayo de 2007.

En este proceso no se descarta que las autoridades gubernamentales encargadas de esta indagatoria soliciten nuevamente a los familiares someterse a pruebas de ADN, como alternativa para aceptar o rechazar la existencia de un hallazgo.

Enrique González Ruiz, integrante de la comisión de mediación –la cual busca servir de interlocutor en la investigación para dar con el paradero de los guerrilleros–, advirtió que ante un eventual hallazgo deberá ser una instancia neutra (por ejemplo un organismo internacional) la que practique las pruebas, porque para el gobierno la supuesta confirmación de ADN sería la vía cómoda de sacudirse un problema de Estado (desaparición forzada de personas).

En mayo de 2007 fueron vistos por última vez en la ciudad de Oaxaca los eperristas Reyes Amaya y Cruz Sánchez; casi dos meses después, el EPR hizo estallar artefactos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), como medida de presión para que el gobierno federal y el de Oaxaca, que encabeza Ulises Ruiz, presentaran con vida a los guerrilleros. El Ejército Popular Revolucionario argumentó desde entonces que sus compañeros fueron torturados y desaparecidos por policías o militares que operaban en aquella entidad.

Incluso, en agosto de 2007 la PGR informó que había iniciado un acta circunstanciada con motivo de la denuncia pública sobre la desaparición de las referidas personas. En 2008, con personalidades propuestas por el propio grupo armado, fue integrada una comisión de mediación para avanzar en la recopilación de pruebas y otras evidencias que permitan dar elementos hacia el paradero de los eperristas.

Al respecto, González Ruiz lamentó que hasta ahora no haya resultados y que por el contrario se intente utilizar la versión de hallazgos (cuerpos) como vía para que el Estado mexicano dé por concluido un caso que no es exclusivamente relacionado con una denuncia judicial, sino con la existencia en México de la desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad.

Se acabó el interés del gobierno; todo parece indicar que este caso no es motivo de su atención y van encaminados a construir procedimientos para eludir totalmente el problema y asegurar que aceptan de esa forma la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo en entrevista.

No me extrañaría, agregó, que las autoridades aludieran a la existencia de cuerpos que no correspondieran a las personas buscadas. En el remoto caso de que el hallazgo fuera efectivo y apegado a la realidad, tendrían que decirnos dónde los encontraron y sobre todo cuándo, dónde y quién los ultimó.

La semana que concluye las autoridades acudieron a la Secretaría de Gobernación para analizar el caso en coordinación con el subsecretario de Gobierno, Gerónimo Gutiérrez.