La fracción del PRD en el Senado impulsa una iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar, a fin de que los miembros de las fuerzas armadas acusados de violar derechos humanos sean juzgados por autoridades civiles.

La exposición de motivos de la iniciativa, elaborada por los senadores Lázaro Mazón, Silvano Aureoles, Rubén Fernando Velázquez y José Luis García Zalvidea aclara que, sin dejar de reconocer la importancia de la labor que el Ejército lleva a cabo en el combate al crimen organizado, resulta preocupante que hasta el año pasado hay más de 6 mil quejas en contra de militares por violaciones graves a las garantías individuales, algunas bajo el amparo de los operativos contra el narcotráfico.

Frente al problema de violencia e incremento de la inseguridad, el reclamo de diversos grupos organizados ha sido no sólo detener la escalada delictiva que parece incontenible, sino también que se sancione a los militares que hayan cometido algún delito contra la población, proponen.

En su argumentación, los perredistas señalan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya ha señalado que los delitos cometidos por miembros del Ejército incluyen la privación de la vida, la tortura, el robo o la intimidación, ilícitos que han sido documentados varias veces desde el primer año del gobierno de Felipe Calderón.

Incluso, insisten, la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) le ha pedido al gobierno mexicano que modifique su legislación de justicia militar. Los senadores hacen notar que diversos organismos y sectores de la sociedad han advertido obstáculos en torno a la sentencia que deben recibir los involucrados en más de 500 averiguaciones previas por violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército.

Proponen, por ello, adecuar el fuero militar a la Constitución y prohibir que los tribunales castrenses conozcan de algún delito cometido por miembros de las fuerzas armadas contra civiles, para que exista mayor legitimidad en los cuerpos encargados de nuestra seguridad nacional.

No negamos el derecho de los miembros de las fuerzas armadas a ser juzgados por sus iguales ante delitos contra la disciplina militar, entendidos de manera diferente a aquellos del orden civil. La intención, reiteran, es que prevalezca un verdadero estado de derecho que garantice juicios imparciales. La iniciativa será presentada el próximo martes 14.