Después de seis meses de discusión y confrontaciones entre el PAN y la oposición, que derivaron en llamados del Presidente al Congreso y ataques del dirigente panista, Germán Martínez, al PRI, concluyó en el Senado la discusión del dictamen sobre la ley de extinción de dominio.

Los integrantes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos llegaron a un acuerdo general sobre la iniciativa de Felipe Calderón, la cual fue modificada por completo, para quitarle lo que el perredista Tomás Torres consideró las partes más puntiagudas, que vulneraban derechos fundamentales de los mexicanos.

Sin embargo, el priísta Jesús Murillo Karam resaltó que, pese a los muchos cambios que se hicieron a la propuesta presidencial, persiste el espíritu de la misma, que es crear un procedimiento rápido, a fin de que los bienes y propiedades de los narcotraficantes y otros delincuentes pasen a poder del Estado. La extinción será rápida, sin que lo rápido afecte lo justo. Se cumple el propósito de romper la columna vertebral a la economía de los delincuentes organizados, dijo.

En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Alejandro González Alcocer, uno de los que más se opusieron a que se cambiara la propuesta de Calderón, luego de la reunión de las dictaminadoras dijo que no hay una sola iniciativa del Presidente de la República que no se haya modificado en el Congreso.

Todos –resaltó– estamos para mejorar las cosas, para salvaguardar los derechos de terceros. Precisó que sólo queda pendiente la redacción final del documento, por lo que podría pasar a primera lectura en la sesión del martes próximo.

Tomás Torres recalcó que están de acuerdo en lo sustancial y sólo falta definir algunos procedimientos, entre ellos, para quitar los bienes al demandado y a terceros distintos que formaron parte del hecho delictivo.

A su vez, Mirillo Karam dijo que el dinero que se obtenga de los bienes que se quiten a los miembros del crimen organizado se tiene que ocupar en el propio proceso de extinción de dominio, ya que en algunos juicios no procederá que el Estado se quede con las propiedades y entonces se requerirán indem- nizaciones.