Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado demandó al Ejecutivo federal mantener los efectos de las condenas dictadas por jueces nacionales por el delito de secuestro, con el fin de que se cumplan en el país.

La propuesta la llevó a tribuna el panista Felipe González y la secundó la priísta Rosario Green, quienes exigieron que Florence Cassez no sea repatriada a Francia, como pide el presidente Nicolas Sarkozy.

Ex gobernador de Aguascalientes y ex subsecretario de Gobernación, González manifestó en tribuna que el mandatario francés vino a pedir que le mandáramos a una secuestradora, y me parece que eso no debe ser presión. Gracias a que lo ventiló aquí, en el Senado, nos dimos cuenta de que estaban tratando de que esa persona evadiera la justicia y fuera indultada allá.

Sin embargo –abundó–, “de acuerdo con las disposiciones de la ONU, el plagio de menores es delito de lesa humanidad, por lo que no cabe la extradición, ya que en los hechos –por los que se condenó a Cassez– estuvo involucrado un menor, además de que todavía no se terminan los juicios de otros secuestrados, en los que se dice que también participó.

“En materia internacional –señaló–, en el mismo Tratado de Estrasburgo existe un antecedente de que la República Francesa negó la entrega de un conocido terrorista, argumentando que Francia sufría el flagelo del terrorismo, y se requería un ejemplo para disuadir la comisión”.

La senadora Rosario Ibarra apoyó en tribuna la propuesta y pidió que se incluya que también es un crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas, que en México continúa, en todos los sexenios priístas y en los panistas.

Por el PRI, para apoyar ese punto de acuerdo subió a tribuna la ex secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green, quien subrayó: “ya no podemos hablar de extradición en el caso de la señora –Florence Cassez–, porque ya fue sentenciada; tampoco puede aplicarse automáticamente el convenio de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenadas, porque el asunto se encuentra sub judice.

Es decir, la señora Cassez interpuso algunos recursos jurídicos que primero deben desahogarse, a menos que se desista y acepte la sentencia firme, porque esa es una obligación, que acepte la condena de 60 años de prisión; pero entonces surge la cuestión de si debe irse a Francia o quedarse en México, donde cometió sus crímenes.

Explicó que una vez que se agote el proceso judicial y la sentencia sea firme, la decisión sobre el traslado de Cassez a Francia corresponderá al Ejecutivo. Si el presidente Calderón cede a la presión y la repatria, todos los que repudiamos el odioso crimen del secuestro tendremos un motivo más de preocupación, porque el presidente Sarkozy podría perdonarla y ella saldría libre de inmediato, de lo que surge una preocupación central: cómo reconciliar esa posibilidad con la insistencia de muchos de nosotros y del propio gobierno mexicano de poner fin a la impunidad.