Los operativos conjuntos de combate al crimen organizado que se pusieron en marcha en diciembre de 2006, e inicialmente abarcaron nueve estados, ahora se han extendido a 16 entidades, refieren informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

En un documento denominado Estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia, la dependencia que dirige Genaro García Luna afirma que existen 2 mil 437 zonas de impunidad detectadas, pero también que en esta administración debido a los aseguramientos de droga se evitó que el narcotráfico obtuviera un monto de 6 mil 670 millones de dólares.

Según el informe, distribuido a la prensa durante la visita al centro de mando de la policía federal de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se menciona que para afrontar a la delincuencia el Estado Mexicano cuenta con una fuerza de 646 mil 674 elementos, y de ellos 198 mil 697 son efectivos del Ejército; 50 mil 548 de la Secretaría de Marina; 31 mil 851 de la policía federal; 182 mil 895 policías estatales; 156 mil 898 elementos municipales y 25 mil 785 de las corporaciones ministeriales.

La SSP refiere que “las instancias federales encargadas de la seguridad pública realizan 123 operativos conjuntos en 16 entidades federativas del país, a seber: Michoacán, Guerrero, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco”.

Sin embargo, los operativos conjuntos se iniciaron en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Chihuahua, debido al alto índice de criminalidad en esas zonas, y luego, conforme la violencia se fue extendiendo a otros puntos del país, el gobierno federal determinó ampliarlo a otros estados.

Por primera vez, el gobierno menciona el número de municipios en los que la autoridad realiza de manera específica acciones contra el crimen organizado, y de acuerdo con el informe, actualmente los operativos cubren 56 municipios, en los cuales habitan 22.1 millones de personas.

El documento refiere que se “han afectado las estructuras financieras y operativas del crimen organizado y los aseguramientos de dinero –más de 142 millones de pesos y más de 323 millones de dólares– han limitado la movilización de las redes criminales a lo largo del país y su capacidad para comprar espacios de impunidad”.