Informes del gobierno federal señalan que en años recientes, más de 20 por ciento de los jueces y magistrados que se encargan de resolver procesos penales en material de narcotráfico y delincuencia organizada están amenazados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorga protección con escoltas y vehículos blindados a algunos de los impartidores de justicia que se encuentran en entidades como Tamaulipas, estado de México, Sinaloa, Baja California y Chihuahua.

Sin embargo, después de casi dos meses de solicitada una entrevista con alguno de los integrantes del CJF, no hubo respuesta a la petición.

Inicialmente se había considerado que la consejera Elvia Díaz de León fuera la entrevistada, pero hace semanas que terminó su encargo y la Dirección General de Comunicación Social del CJF, órgano del Poder Judicial de la Federación, ha guardado silencio.

Los informes a que tuvo acceso La Jornada fueron elaborados por la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Refieren que “22 por ciento de los 321 jueces de distrito dedicados a procesos penales federales, han sufrido amenazas directas o indirectas. Los grupos de narcotraficantes, primordialmente, inclusive los han interceptado a fin de que no se dicten sentencias tan altas y sea un tribunal de alzada el que resuelva.

“En la misma circunstancia se encuentran al menos 14 jueces dedicados a la resolución de juicios de amparo en materia penal

En total hay 612 magistrados, 69 de ellos se dedican a resolver asuntos del ámbito penal. La tercera parte han sido amenazados.

Los informes de referencia mencionan que los grupos de narcotraficantes han establecido mecanismos directos, como la intercepción de algunos impartidores de justicia o el envío de mensajes a los juzgados. Respecto de la amenaza indirecta, se realiza mediante intimidaciones telefónicas a familiares, como padres, esposa e hijos, o mediante la colocación de mensajes y envío de paquetes.

Como se recordará, desde enero de 2007, a raíz de la extradición de varios de los más importantes líderes del narcotráfico a Estados Unidos, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, informó que se mejoraría la protección a jueces y magistrados relacionados con los procedimientos que se ventilaban en contra de capos como Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo.

Oficialmente, en enero de 2007 el CJF reconoció que 35 jueces recibieron protección. Actualmente no hay datos al respecto en ese órgano del Poder Judicial de la Federación que preside el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

De acuerdo con fuentes del CJF, un caso que podría ilustrar el temor a enjuiciar a capos se puede encontrar en el proceso a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, quien a pesar de haber sido detenido el 21 de enero de 2008, su proceso penal empezó hasta enero de este año, debido a que dos jueces federales, uno de Jalisco y otro de Sinaloa, rechazaron llevar el proceso. Tuvo que ser un tribunal colegiado, integrado por tres magistrados, el que decidió que correspondía al juzgado octavo de distrito, con sede en Guadalajara, llevar el juicio.