El informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del primer año del sexenio de Felipe Calderón revela que 51.4 por ciento del gasto programable se asignó a gasto corriente, y que 19.4 por ciento de los excedentes petroleros se destinaron a incrementar la nómina del actual gobierno.

Uno de los ejemplos presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe es el de la Secretaría de Economía, donde 77 por ciento de los contratos profesionales por honorarios en 2007 fue para jefes de departamento, y sólo 7.3 por ciento para personal operativo, y explica que por cada cinco jefes había un subordinado.

La ASF reveló que en los primeros 12 meses de este sexenio hubo una caída en la inversión física, debido al incremento de la deuda pública, y explica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no sólo continuó perdiendo juicios fiscales, sino que continúa favoreciendo a grandes contribuyentes.

Así, tan sólo a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 156 mil 100 pesos, cuando, por ejemplo, la recaudación total del impuesto al activo fue de 7 mil 597.1 millones de pesos.

También resalta que en el año en que Calderón declaró la guerra al narcotráfico, el Sistema Nacional de Seguridad Pública no pudo mejorar sus estrategias para combatir a la delincuencia, y reveló que no se ejerció 43 por ciento del Fondo de Seguridad Pública: de 6 mil 652 millones 980 mil 800 pesos destinados a este rubro, no se ejercieron 2 mil 863 millones 245 mil.

Lo anterior derivó en un incremento en la violencia hasta de 12 por ciento en estados como Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Michoacán, que no recibieron los recursos, lo cual a su vez afectó las instancias de coordinación para el combate al narcomenudeo, la red nacional de telecomunicaciones, la infraestructura para la seguridad pública y el equipamiento de ésta.

Así, en la revisión al Sistema Nacional de Seguridad Pública se detectó una ineficiencia en la procuración de justicia, una baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiales en cuanto a su armamento, (que) constituyen importantes factores que propician el crecimiento de delitos.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presenta en San Lázaro los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007Foto Cristina Rodríguez

La auditoría al sistema fue más allá, y revisó el estado de salud, el entrenamiento y el nivel escolar de los policías, lo cual reveló que más de 50 por ciento del personal preventivo no está calificado para ejercer su labor, porque uno de cada cinco tiene escolaridad inferior al nivel básico, y sólo tres de cada 10 superan ese nivel.

Otro resultado es que entre los agentes existe sobrepeso –en promedio de 10 kilogramos–, por lo que pocos elementos están en buenas condiciones físicas, y más de 14 por ciento tiene algún trastorno sicológico, todo lo cual significa un riesgo a su entorno social, personal o laboral.

El informe resalta que 17 estados no compraron armas para entregarlas a sus policías y, por consiguiente, se requerirán más de 44 años para renovar el armamento de la Policía Preventiva facultada, mientras en 28 de los 31 estados no se realizan prácticas de tiro, y en las otras tres sólo se han hecho una vez al año.

Respecto de las finanzas públicas, la auditoría señaló que gracias al flujo de divisas por la inversión extranjera directa, las remesas y el superávit comercial petrolero –que se explica por los altos precios del crudo en 2007–, el país alcanzó una marca histórica en el nivel de las reservas internacionales, que llegó a 77 mil 894.1 millones de dólares.

La auditoría explicó que hubo ingresos excedentes por 247 mil 372.6 millones de pesos, de los cuales 31.8 por ciento se destinó a obras de infraestructura; 19.4 de ampliaciones de gasto a entidades de control presupuestario directo para su gasto corriente; 16.1 a gasto con destino específico en dependencias y entidades; 8.7 a desastres naturales; 2.1 a cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas); 2 por ciento a inversión en estados y municipios, y el superávit presupuestal fue de tres puntos porcentuales.

Asimismo, la auditoría confirmó las irregularidades en la construcción de dos nuevos edificios en la Cámara de Diputados –por 28 millones 454 mil 600 pesos–, debido a una planeación inadecuada de los trabajos, a que no hubo control de las garantías con el contratista, mientras se aceptaron otras fuera de tiempo, además de que hubo obras inconclusas y vicios en su desarrollo.