l presentar ante la Cámara de Diputados el informe de la cuenta pública de 2007 –primer año de la actual administración–, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, destacó que su oficina ha detectado irregularidades en el manejo de 60 mil 723 millones de pesos, de los cuales 41 mil 856 millones corresponden a los ámbitos federales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el resto, a dependencias estatales y municipales. El funcionario hizo notar que esos montos representan un incremento de más del ciento por ciento con respecto a las irregularidades detectadas en el último año del foxismo. Las acciones preventivas y correctivas y los fincamientos de responsabilidades administrativas promovidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se incrementaron en forma mucho más notable entre el último año del gobierno de Vicente Fox y el primero del de Felipe Calderón.

Aunque los datos señalados no necesariamente se traducen en daños patrimoniales –las dependencias requeridas cuentan aún con 45 días para presentar aclaraciones–, son indicativos, cuando menos, y por lo pronto, de un alarmante descontrol administrativo, de desaseo en el manejo de recursos públicos y de una discrecionalidad inadmisible en las oficinas públicas. Asimismo, el informe de la ASF evidencia la manera no estrictamente ilegal, pero sí inescrupulosa, en la que las instituciones autónomas regalan escandalosas sumas de dinero a sus funcionarios, lo que equivale a decir, considerada la autonomía, que los titulares de esas instituciones se dotan de dinero público a discreción: es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se arrogó estímulos de fin de año por casi 40 millones de pesos (pesos de 2007, es decir, anteriores a la dramática devaluación reciente); de la Cámara de Diputados (que presenta en sus cuentas 80 millones en pagos duplicados a diputados y 22 millones de pesos de viáticos sin comprobar); del Instituto Federal Electoral; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Banco de México.

Las cifras de González de Aragón constituyen la visión de conjunto de hechos –como los 30 millones de pesos del erario que el gobernador de Jalisco pretendió regalar a la jerarquía católica para la erección de un santuario cristero o las camionetas Hummer que la lideresa del gremio magisterial, Elba Esther Gordillo, quería obsequiar a sus incondicionales–, que deben de ser muchos más de los que llega a conocer la opinión pública y que, de mantenerse fuera de la vista de la sociedad, se consuman como desvíos, malversaciones y robos simples a las arcas públicas. No se incluyen en las cuentas de la ASF los miles de millones de pesos invertidos en forma por demás sospechosa en obras públicas deficientes. o los ingentes presupuestos destinados a campañas propagandísticas falaces y, a la postre, inútiles, como la que emprendió Pemex el año pasado sobre el supuesto tesoro de las aguas profundas.

En suma, a pesar de los alegatos sobre un cambio relacionado con la alternancia de siglas partidistas en la Presidencia y de los diversos mecanismos de supuesta transparencia y rendición de cuentas implantados en la década reciente, las instituciones nacionales de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes siguen manejando el dinero de los mexicanos como en los peores tiempos del régimen priísta.

El desorden en el ejercicio de los fondos públicos es, se sabe desde siempre, la fachada de actos de saqueo de los bienes nacionales, y constituye una práctica repudiable en cualquier circunstancia. pero lo es con mayor razón en el contexto económico presente, cuando las instancias gubernamentales –federales, estatales y municipales– y los órganos del Estado podrían destinar a la reactivación económica y a la protección de los desfavorecidos dineros que se esfuman de los asientos contables y que, la mayoría de las veces, van a parar a los bolsillos de servidores públicos de todos los niveles.

La lucha contra la delincuencia en la que el actual gobierno dice estar empeñado no podrá gozar de credibilidad en tanto no se sanee el aparato de gobierno y no se ponga un alto a las redes de corrupción –delictivas, a fin de cuentas– que persisten dentro de las oficinas públicas y que, de acuerdo con los datos disponibles, gozan de cabal salud.