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México D.F. Sábado 13 de noviembre de 2004
Resolución del TEPJF
Plazo al PRI para definir la situación de suspendidos
JOSE GALAN
Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron ayer, en sesión pública, reenviar los expedientes de seis priístas, encabezados por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre -quienes impugnaron la suspensión temporal de sus derechos partidistas y la inhabilitación para ocupar cargos en la dirigencia del PRI en el DF- a la Comisión de Justicia Partidaria, para que en un plazo de 72 horas resuelva la situación de los inconformes.
Tanto Gutiérrez de la Torre como Víctor Carrillo Colín, Mario Becerril Martínez, Israel Betanzos Cortés, Hugo Espinosa Vázquez y Armando Tonatiuh González Case presentaron juicios individuales para la protección de sus derechos político-electorales luego de que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI-DF resolviera, el pasado 28 de octubre, inhabilitarlos y suspenderles sus derechos partidistas a raíz de una gresca ocurrida durante el proceso interno para decidir el método para elegir nuevo dirigente del PRI en el Distrito Federal.
Los demandantes promovieron los juicios bajo la figura per saltum, al considerar que la normatividad partidista no prevé medio de defensa para modificar o revocar el acto impugnado. Sin embargo, el artículo 212, último párrafo, de los estatutos del PRI, establece que, salvo los casos de amonestaciones privadas o públicas, y de los estímulos otorgados a escalas estatal y del DF, ante las resoluciones dictadas por los órganos estatales o capitalino pueden recurrir a la Comisión de Justicia Partidaria, lo que para los magistrados del tribunal constituye un reconocimiento de la existencia de un medio de impugnación genérico para enfrentar actos que no tengan un cauce específico.
Por ello es que determinaron que la falta de un procedimiento específico no es suficiente para negar a los demandantes el derecho al medio de impugnación genérico previsto en la normatividad priísta, a fin de garantizar el acceso a la impartición de justicia. Y de allí su decisión de reenviar los expedientes a la Comisión de Justicia Partidaria, que se encuentra integrando la denuncia de expulsión de los demandantes, para que conozca y resuelva en un plazo de 72 horas, una vez recibida la notificación.
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