Determina que votantes con vestimenta alusiva a los partidos no podrán sufragar

Resolución del TEPJF frenaría la marea roja priísta en Sinaloa

AN: sentará precedente en el ámbito nacional PRI: acataremos la medida

JOSE GALAN, CLAUDIA HERRERA Y JAVIER VALDEZ REPORTEROS Y CORRESPONSAL

Culiacan, Sin., 12 de noviembre. A dos días de los comicios, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyeron al tribunal y al consejo electorales de Sinaloa para que eviten que la gente vaya a sufragar este domingo con vestimenta o accesorios que tengan propaganda partidista.

La resolución fue hecha ante denuncias que interpuso el PAN, primero en el ámbito local y luego en el federal, aduciendo que los priístas pretendían movilizar a personas vestidas de rojo, como parte de la llamada marea roja, con el propósito de inhibir la participación de los electores.

El consejo estatal aseguró que tiene capacidad para hacer cumplir la resolución federal, mientras que el PRI -que había impugnado un resolutivo anterior en ese sentido- dijo que la respetará.

Los magistrados enfatizaron que sí constituye una irregularidad ejercer el voto con ropas o distintivos de propaganda electoral. Por ello instruyeron a los dos órganos electorales estatales a difundir las facultades que tienen los presidentes de casilla para retirar a las personas que se nieguen a acatar la indicación de ocultar o desprenderse de la ropa que contenga propaganda en favor de candidatos o partidos políticos.

Con ello, personas o vehículos que porten propaganda en un radio de 50 metros alrededor de la casilla serán retirados de inmediato. De no obtener respuesta el pedimento del presidente de la mesa directiva de casilla, éste podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para cumplimentar su orden.

En el proyecto de dictamen, que estuvo a cargo del magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, se consideró que el ejercicio del voto activo debe ser aplicado eficazmente para la ciudadanía en general, y no sólo respecto de aquellos que se colocaron en la hipótesis de pretender emitir su voto portando propaganda electoral, pues los demás electores, que no manifiestan de manera evidente su preferencia política, disponen de la garantía constitucional de ejercer, de manera libre, su derecho al voto, que no debe ser afectado por coacción o presión alguna.

El coordinador de asuntos jurídicos del comité estatal del PAN, Arturo Sánchez, se mostró satisfecho porque la determinación sienta precedente en el ámbito nacional, y servirá para evitar que los priístas pongan en marcha operativos de "manipulación" del voto, como ocurrió este año en las entidades donde hubo elecciones para gobernador.

Rigoberto Ocampo, presidente del Consejo Estatal Electoral, aseguró que ese organismo "tiene capacidad operativa para enfrentar la resolución", y dijo que a partir de ayer emprenderían una campaña de comunicación en los medios impresos y electrónicos del estado, por medio de carteles informativos que colocarán en casillas y puntos estratégicos, y utilizarán a los 30 mil ciudadanos que forman parte de la estructura organizativa de estos comicios.

Acusa AN al gobierno estatal de comprar votos

De su lado, el diputado Arturo Sánchez, quien coordina el área jurídica del comité panista, acusó al gobierno del priísta Juan Millán de haber instrumentado una operación para "manipular e inducir la voluntad popular", y denunció que funcionarios estatales estaban ofreciendo dinero a representantes de casilla para que no cumplan con sus funciones de vigilancia del proceso.

Advirtió que los blanquiazules están preparados para defender el voto, y para ello tendrán representantes en las más de 4 mil casillas que se instalarán el domingo.

Indicó que presentarán una denuncia ante la Procuraduría de Justicia estatal, donde asentarán que un funcionario de la Dirección de Gobierno local acudió a la colonia Nacayama en Culiacán y ofreció mil pesos a algunos representantes de casilla para que no cumplieran con sus funciones de vigilancia.

Esta es sólo una muestra, dijo, de la estrategia que puso en marcha el PRI en el estado.

Aseguró que durante la etapa previa al proceso electoral el gobierno de Millán amenazó a los sindicatos estatales con que perderían sus derechos si no votaban en favor del tricolor.

Combatir desempleo y narcotráfico, los retos

CLAUDIA HERRERA B. Y JAVIER VALDEZ ENVIADA Y CORRESPONSAL

Culiacan, Sin., 12 de noviembre. Sinaloa vivió en los años setenta su época de bonanza como productor agrícola y pesquero, y era uno de los principales receptores de población proveniente de otras entidades, pero actualmente enfrenta el creciente desempleo.

Narcotráfico y migración se han convertido en las válvulas de escape, sobre todo para las nuevas generaciones.

Más allá del partido que triunfe en las elecciones del domingo, expertos en temas sociales señalan que urge promover nuevas políticas económicas y sociales, en coordinación con el gobierno federal, para frenar el creciente deterioro social y el aumento de la pobreza. No es gratuito que la principal oferta de las campañas electorales haya sido la creación de empleos.

Actualmente, dicen los especialistas, Sinaloa se está quedando sin jóvenes, no sólo rurales, sino también de profesionales que, para evitar el desempleo o acceder a ocupaciones precarias o relacionadas con el tráfico de drogas, han emigrado particularmente a Baja California Sur, Sonora y Estados Unidos.

Cada año emigran cerca de la mitad de los jóvenes que deberían insertarse al mercado de trabajo del estado.

De 27 mil personas que se incorporan a la población económicamente activa, 14 mil salen de la entidad y 10 mil de ellos a Estados Unidos, explica Guillermo Ibarra, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa y estudioso del tema migratorio.

De los 13 mil sinaloenses que permanecen en la entidad, 6 mil obtienen empleo formal y el resto lo hace en el mercado informal. En este grupo hay un número no cuantificado que encuentra opciones en actividades ilícitas.

"El cultivo de estupefacientes, la intermediación, el transporte de los mismos, el lavado de dinero y otras actividades paralelas al narcotráfico son, para muchos, una alternativa para la obtención de ingresos", indican López Cervantes y Juan de Dios Trujillo Félix, en el libro Evaluación económica y social de Sinaloa (1990-2002).

Ibarra añade que "el narcotráfico es una opción cada vez mayor de empleo, y la cadena se ha hecho cada vez más amplia, porque incluye desde los jefes de las bandas hasta distribuidores, tienditas de la esquina, medio mayoristas de barrio". La migración juvenil también está asociada al fenómeno de la violencia.

El investigador Gerardo López, doctor en políticas económicas y empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, explica: "Hay padres que inducen a sus hijos a salir de la entidad para evitar que, por el miedo al desempleo, incursionen en las bandas de narcotráfico".

Lo grave, explica, es que la entidad gasta en la formación de estos jóvenes pero no recibe compensación, "más que en las remesas enviadas a las familias", y que el año pasado -según Ibarra- ascendieron a 300 millones de dólares. Esta cantidad aún no se compara con la de estados expulsores como Zacatecas, pero "el problema es que va en ascenso, pues el año pasado fueron 250 millones de dólares".

Durante décadas, la entidad ha fincado su desarrollo en la producción agrícola, pesquera y en el turismo; sin embargo, a partir de la liberalización del comercio mundial, la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y la cancelación de subsidios, entraron en crisis.

La industria de Sinaloa tampoco es fuerte. En los últimos años se han logrado instalar empresas en el ramo de la manufactura, pero todavía no consiguen tener presencia y generar suficientes empleos y riqueza. A principios del actual sexenio, refiere Gerardo López, se apostó por la industria textilera, pero algunas empresas cerraron porque no disponían de mano de obra barata.

Con más de un millón 400 mil hectáreas disponibles para el cultivo, la agricultura sigue teniendo gran peso en la economía del estado, pero sin haber sorteado la crisis. "Los agricultores están defendiendo su permanencia; su situación puede empeorar en 2008, cuando se abra el comercio de granos" (la mayor parte de la producción está concentrada en el maíz y, en menor medida, en las hortalizas), refiere Juan de Dios Trujillo, investigador en políticas agropecuarias.

Y el problema, de afectar a la agricultura, tiene un efecto multiplicador sobre la economía regional, industrial y de servicios que dependen de este sector. La situación del campo mejoró en los últimos tres años, pero no ha permitido superar la crisis, añade Trujillo, y la muestra es que la producción sigue concentrada en unos cuantos cultivos y que abunda tierra para sembrar.

De acuerdo con el último censo del INEGI, Sinaloa tuvo una tasa de emigración de 7 por ciento; es decir, ingresó a la entidad 5 por ciento de población proveniente de otras partes de la República, mientras que 12 por ciento de los sinaloenses salieron al resto de las entidades o a Estados Unidos.

Aunque el gobierno federal es responsable de las políticas agrícolas, López Cervantes considera que la actual administración estatal también es culpable de no haber hecho una serie de reformas, entre las que destacaría la diversificación de la estructura productiva.

Hace 40 años la entidad tuvo niveles de bienestar más elevados que el promedio nacional, pero desde hace 15 años se ha estancado, explica Ibarra.

Agrega: "La pobreza en Sinaloa no se compara con la del sur. Remesas más narcotráfico y lento crecimiento demográfico la han atenuado, pero quien la gobierne deberá tomar medidas para evitar una mayor descomposición social y el crecimiento de la pobreza".