Lo reconoce como edil de Cancún; instruye al estado y la Federación a darle los recursos

Sale de prisión García Zalvidea por órdenes de la Suprema Corte

Familiares de El Chacho promueven entre legisladores juicio político a Joaquín Hendricks

JESUS ARANDA Y DAVID SOSA REPORTERO Y CORRESPONSAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió ayer un acuerdo a efecto de que cese la "retención" del presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, Juan Ignacio García Zalvidea, y todo acto que lleve como propósito la desintegración total o parcial de ese ayuntamiento, es decir, el máximo tribunal instruyó a las autoridades de esa entidad que dejara en libertad al munícipe, en tanto se resuelva el fondo del asunto.

Tras el ordenamiento, al filo de las 19:45 horas, El Chacho García Zalvidea salió por la puerta principal del penal de Cancún, ovacionado por los internos de cárcel, con el resolutivo en la mano de la ministra Olga Sánchez de Cordero -quien estuvo a cargo de las tres controversias constitucionales promovidas por el ayuntamiento desde mediados de junio pasado-, que ordenó cesar la retención del edil constitucional.

En la ciudad de México, la ministra instructora precisó en su dictamen que, según las documentales que forman parte de las tres controversias constitucionales relacionadas con el caso Cancún -presentadas por el ayuntamiento contra la intención de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo de realizar auditoría a sus finanzas-, "se desprende" que García Zalvidea es el presidente municipal de Benito Juárez.

Además reiteró los términos de la suspensión otorgada recientemente por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en favor del ayuntamiento demandante, concerniente a que el Congreso estatal deje sin efecto el decreto 120, mediante el cual creó un concejo municipal con el que pretendió sustituir a las autoridades electas constitucionalmente. Lo anterior, indicó la ministra, "para evitar la intromisión de los poderes estatales, en tanto se resuelve el fondo del asunto''. En este contexto recordó que la Corte ordenó a las autoridades federales y estatales que entreguen al municipio y no al concejo los recursos económicos correspondientes.

Estas determinaciones "siguen firmes", enfatizó la juzgadora, toda vez que la Suprema Corte no las ha revocado, "por lo que resultan obligatorias para cualquier autoridad".

El acuerdo enfatiza también que la remoción de un presidente municipal sólo puede darse por la comisión de delitos graves y como resultado de un procedimiento legislativo que establece que el Congreso del estado conozca mediante el procedimiento de la declaratoria de procedencia de las denuncias, a fin de que se proceda por la vía penal contra los servidores públicos. En otras palabras, el documento señala la necesidad de conceder la suspensión para que las autoridades demandadas "cesen la retención que realizan del presidente municipal de Benito Juárez, o cualquier otro acto que tenga como consecuencia la afectación total o parcial de la integración de éste, hasta en tanto la Corte analice la constitucionalidad de todos y cada uno de los actos que forman parte de las controversias".

En la ampliación de la demanda de controversia constitucional, el ayuntamiento afectado solicitaba a la Corte que ordenara el cese de la retención de García Zalvidea, en razón de que "no medió procedimiento constitucional alguno previo y sin haberle dado intervención alguna al propio ayuntamiento", que exigiera al Congreso y gobierno local que suspendiera los actos y las órdenes tendientes a desintegrarlo; así como el pleno reconocimiento de la existencia del ayuntamiento referido "y en forma particular de su presidente electo".

Se prevé que la Corte resuelva la próxima semana las reclamaciones presentadas por el Congreso y gobierno estatales contra las decisiones adoptadas por el máximo tribunal, aunque quedará pendiente la resolución del fondo del asunto que tiene que ver con la constitucionalidad o no de las auditorías que se pretenden realizar al ayuntamiento afectado.

Cabildea la familia

Por la mañana, familiares y abogados de García Zalvidea iniciaron cabildeos con legisladores de todas las fracciones políticas de la Cámara de Diputados en la ciudad de México, a fin de promover un juicio político contra el gobernador Joaquín Hendricks, a quien acusan de no acatar la suspensión emitida por la SCJN en que se reconoce al ayuntamiento presidido por El Chacho y se manifiesta la ilegalidad del concejo municipal.

Carlos Canabal, abogado del alcalde, dijo que la demanda de juicio político será por el desacato del gobernador y de diputados a la resolución de la Suprema Corte, todo ello con claros fines electorales para inhabilitar a García Zalvidea.

Con ánimo conciliador

Al salir del penal, García Zalvidea sostuvo que para evitar violencia esperará que los actuarios de la SCJN notifiquen al gobierno del estado, Congreso local y al concejo municipal, a fin de que estos últimos entreguen las instalaciones municipales que ocupan de manera ilegal desde el 17 de julio pasado.

Comentó que tuvo que recurrir ante el máximo tribunal ante el rompimiento del estado de derecho y las continuas violaciones a las garantías del ayuntamiento y del propio municipio, libre y autónomo por el gobernador Joaquín Hendricks.

Señaló que el mandatario estatal ha utilizado de manera facciosa las instituciones. Afirmó que reiniciará las labores gubernamentales de inmediato, sin rencores y sin resentimientos, pese a los continuos atropellos del gobierno estatal y de algunos integrantes del Congreso local.

Hizo un llamado a la concordia y a establecer acuerdos con todos los actores políticos de la entidad que den gobernabilidad y se recupere la paz social en el principal municipio turístico del país.

Mientras, en la Plaza de la Reforma, al son de mariachis, más de mil 500 simpatizantes de García Zalvidea festejaron la resolución de la SCJN y señalaron que sólo esperan a que las autoridades notifiquen a los "usurpadores del concejo municipal" que abandonen el palacio. Anunciaron que harán una manifestación este jueves a las 17 horas y luego una misa en apoyo al edil.

La ruta de la ilegalidad

El viernes 17 de julio la Comisión Permanente del Congreso local, compuesta por seis diputados, cuatro del PRI, uno de Convergencia y otro del PVEM, destituyó a Juan Ignacio García Zalvidea como presidente municipal de Cancún. Una integrante más, la diputada del PAN, no fue notificada de la reunión.

La Constitución de Quintana Roo y la ley orgánica municipal señalan que se debe citar al pleno legislativo, es decir, a los 25 diputados, con 72 horas de anticipación, para que deliberen, den el derecho de audiencia al acusado y, si procede, voten la desaparición de poderes del ayuntamiento.

El palacio municipal fue ocupado por personal afín al PRI y el PVEM, así como a la nombrada "presidenta del concejo ciudadano, la ecologista Marisol Avila".

La noche del 28 de julio El Chacho García Zalvidea fue detenido después de que la Policía Municipal reprimió con gases lacrimógenos una manifestación a la que convocó. La acción policiaca dejó como saldo decenas de heridos y más de cien detenidos.