Angel Guerra Cabrera

El milagro chileno

El modelo neoliberal ha mostrado gran eficacia en el saqueo y la subordinación de los estados del tercer mundo y en la generación insólita de injusticia social. Tanto que no es raro escuchar lágrimas de cocodrilo de sus propios voceros acerca de la conveniencia de "abatir" las desigualdades que crea. Siempre, claro, que no implique cambiarlo ni en un ápice, porque eso, šhorrorš, es "populismo". El populismo, según ellos, es cualquier política que tienda a beneficiar a los de abajo. Ultimamente hemos oído hasta "autocríticas" del FMI, como recientemente respecto de Argentina, referidas obviamente a aspectos secundarios del modelo. Autistas, los neoliberales achacan el desastre social latinoamericano a la "in-suficiencia" de las llamadas reformas es-tructurales, que habrían conseguido sus no-bles propósitos de haberse aplicado con el ritmo y la intensidad recetada desde Washington. El ejemplo a seguir -afirman- es el "milagro chileno", colmado de bienandanzas porque sí realizó una dócil aplicación del dogma, propiciada por la "estabilidad de su sistema democrático" y por políticas fiscales y sociales "responsables".

Falso. El modelo neoliberal en Chile, pese a que logró en los años 90 un impulso del crecimiento económico -después interrumpido, por cierto-, no está exento de ninguno de los flagelos que lo caracterizan en el resto de América Latina. Aclaremos que aunque el crecimiento económico es indispensable para lograr el desarrollo, aquél no necesariamente acompaña a éste. Es más, el eventual crecimiento en las condiciones de la ortodoxia neoliberal ahonda el subdesarrollo y la dependencia y es el caso precisamente de Chile. Así lo confirman datos del investigador chileno Edgardo Condeza, ci-tados por la Asociación Salvador Allende -agrupación de chilenos residentes en Mé-xico- en la celebración del vigesimotercer aniversario de la nacionalización del cobre por el gobierno de la Unidad Popular.

Los datos dejan clara la oportunidad histórica perdida de impulsar con el cobre na-cionalizado la independencia económica y política del país, como pretendía el presidente Allende. Chile, con 0.25 por ciento de la superficie terrestre, posee 37 por ciento de las reservas conocidas del mineral en el planeta y su producción asciende a 36 por ciento de la mundial, y su costo de producción es el más bajo del mercado.

Después de la nacionalización, en 1971, quedó en manos del Estado 95 por ciento de la producción total. En 1990, a 17 años del golpe fascista, la producción estatal era todavía de 84.2 por ciento. Sin embargo, en los 12 años siguientes de los gobiernos de la Concertación (maridazgo de los golpistas de la democracia cristiana y los socialistas estilo Blair, ergo Ricardo Lagos), pese a que la producción de cobre del Estado au-mentó en términos absolutos, resultó desplazada a 30 por ciento del total por la del sector privado (Grupo Luksic y empresas extranjeras), que saltó a 70 por ciento. No obstante, la estatal Codelco aportó en ese periodo al fisco 10 mil 600 millones de dó-lares mientras las empresas foráneas sólo entregaron mil 500 millones (o evaden o pagan impuestos insignificantes). A este sa-queo escandaloso se une el procesamiento del mineral en el exterior impidiendo con ello su industrialización, uno de los objetivos de Allende. Pero esto no es todo. Por decreto de la dictadura, aún vigente, 10 por ciento del monto bruto de las ventas del cobre se entrega a las fuerzas armadas, sin que rindan cuenta de su destino.

Difícil superar esta proeza en la dilapidación del recurso básico nacional, el sueldo de Chile que dijera Allende, lograda por los administradores democristianos y so-cialistas del modelo instaurado con el golpe fascista. Pues bien, no menos notable es su gestión en cuanto a justicia social. Baste decir que Chile figura entre los 12 países del mundo con peor distribución del ingreso, según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La distribución del ingreso, que en el gobierno de la Unidad Popular se inclinó notablemente a los más desfavorecidos, inició una fase regresiva tras el golpe militar; pero de nuevo es con los gobiernos de la Concertación que el fenómeno se agudiza. En 1990 los ingresos del decil más pobre de la población correspondían a 1.4 por ciento y los del más rico a 42.2, pero en 2000 esta proporción se había precipitado a 1.1 y 42.3, respectivamente.

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