Sergio Zermeño

Crimen y cochupo

La principal función de la justicia es pedagógica: mostrar al resto de la sociedad que ciertos actos y conductas están penados y que quien los comete es y será castigado. Junto a ésta, el ejercicio de la justicia tiene otras funciones, y una muy importante es evitar la venganza de los agraviados por propia mano y dejar que algo equivalente a la venganza sea ejecutado por las leyes, los jueces, el sistema penitenciario y el castigo en general.

Durante el siglo que acabamos de arrancar, lo que está sucediendo en la esfera de la justicia parece alejarse de lo establecido en el párrafo anterior. En ese lapso de tres años dos asuntos fueron considerados extremadamente graves, al grado de crearse sendas fiscalías especiales para hacerles frente: las mujeres asesinadas en Juárez y los delitos políticos del pasado.

Con respecto a la primera ha habido mucha lentitud, pero, más allá de eso, cada vez que se nos presentan avances, éstos tienen las dos características siguientes: nos descubren que en las atrocidades contra esas mujeres han participado de manera muy importante los propios agentes que se supone deberían estar encargados de proteger a esas ciudadanas, es decir, los policías; pero al lado de ello se nos muestra la enorme reticencia con que las autoridades aceptan ese hecho, quedando al descubierto incluso actos deliberados de esas autoridades para encubrir tales evidencias. Para muestra baste la "joya" que a continuación reseñamos:

En un oficio fechado el pasado 15 de julio, Pedro Peñaloza, titular del Comité de Información de la Procuraduría General de la República, contestó a una organización no gubernamental, la cual le exigía algunos datos, que en los feminicidios de Juárez no existe violación a los derechos humanos, ya que "tienen la característica de ser cometidos por el Estado o sus autoridades y eso, en el asunto que nos ocupa, a priori no se puede establecer" (La Jornada, 30/6/04).

En el caso de la segunda fiscalía el proceso no puede ser más antipedagógico, pues el juez segundo de distrito, José César Flores, desechó el pliego consignatorio del fiscal Ignacio Carrillo Prieto, que inculpaba a conocidos asesinos mediante 9 mil 382 fojas, no con el argumento de que los acusados no fueran responsables de la comisión de una matanza colectiva (esto se da por hecho, se implica, se acepta), sino alegando que dicho crimen ya prescribió. Se está comunicando a la sociedad que sí, que en efecto, ha tenido lugar un crimen colectivo, pero que gracias a las argucias de unos leguleyos los culpables no serán castigados. "No es tan grave que mates a un grupo de tus semejantes, lo que es una estupidez es que no sepas esconderte, que te agarren antes de que pase el tiempo." (šQué ejemplar, qué pedagógico!) Y mientras el abogado defensor Juan Velásquez felicitaba al juez por su "independencia" de las presiones políticas y se mostraba feliz por estar viviendo "el cambio", en una encuesta ocho de cada 10 ciudadanos reprobaban el veredicto.

Al lado de estas novelas ejemplares viene una cascada de medianas felonías incalificables del aparato corrupto de la procuración de justicia: Ƒde qué otra manera calificar el contubernio entre legisladores (el senador de angora, por ejemplo), despachos de abogados y colonos, ejidatarios o simples poseedores de dudosos títulos, que terminan configurando "sesudos" amparos y litigios dirigidos a arrancar millonadas al erario (sobre todo al del Distrito Federal), "demostrando" inconsistencias en tal o cual expropiación llevada a cabo hace 20 o 30 años, o dirigida a desaforar al jefe de Gobierno porque el acceso al predio en litigio sólo mide metro y medio en lugar de dos metros; y luego resulta que no, que se equivocó el juez, que el Gobierno del Distrito Federal no tendrá que pagar mil 800 millones de pesos en el caso del Paraje San Juan, porque no eran consistentes los documentos del juicio, o que la esquina de la discordia en El Encino sí puede emplearse para dar acceso a un hospital, porque sus propietarios no son los que dicen que son (y esos mismos jueces ahí siguen, impávidos, intocados, repartiendo amparos y dilatando veredictos en función de intereses inconfesables sin importar que los pueblos del Ajusco o los habitantes de Cancún se maten).

Organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales privados y públicos llevan varios años intentando que los juicios en nuestro país sean públicos, orales y no escritos como ahora, que se pueda tener acceso a esos litigios. Y es que ya no es posible: el sistema de procuración de justicia es una cueva de ladrones, los jueces ya no pueden ser dejados a su libre albedrío, no son confiables, y tendrían que trabajar colegiadamente en todos los niveles porque ya no creemos en ellos, porque han demostrado en nueve de cada 10 casos su contubernio con la corrupción