Corrige Ebrard cifra de detenidos de 93 a 332

Critican CDHDF y PAN la Ley de Cultura Cívica

No se consideraron nuestras observaciones: ombudsman

SUSANA GONZALEZ Y BERTHA TERESA RAMIREZ

Mientras el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, informó que la policía remitió a 332 personas a los juzgados cívicos por diferentes infracciones a la Ley de Cultura Cívica, como saldo del primer día de su entrada en vigencia, la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) y el Partido Acción Nacional (PAN) criticaron la iniciativa.

El ombudsman Emilio Alvarez Icaza lamentó que las autoridades no hayan tomado en cuenta las observaciones y preocupaciones que expresó la CDHDF sobre la iniciativa antes de su aprobación, ya que, dijo, se puede presuponer que la gente que trabaja en la calle, como los franeleros, limpiaparabrisas o sexoservidoras, son predelincuentes.

La gente, puntualizó, debe ser juzgada por lo que hace y no por lo que es, por lo que advirtió que las autoridades capitalinas deberán dar buena cuenta de sus actos a la hora de que sancionen a los infractores de la Ley de Cultura Cívica, al tiempo que no descartó que se presenten quejas en la CDHDF por su aplicación.

En tanto, Carlos Gelista González, dirigente del PAN en el Distrito Federal, recordó que su partido interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, al considerar que la citada ley contiene varios puntos que violan las garantías individuales.

Abundó que en particular no están de acuerdo con que se pretenda acabar con los franeleros y los limpiaparabrisas, "nada más para quitarlos de las calles", sin reconocer que el verdadero problema que hay detrás de esa actividad es la falta de empleo.

La actividad que realizan estas personas no es delictiva, precisó, pero cuando se le preguntó qué alternativas propondría ese partido, aseguró no tener claridad en este momento sobre "qué ideas pudiéramos proponer, pero ciertamente no es tratando de evadir la realidad como se va a resolver este problema; hay que buscar fuentes alternas de trabajo", apuntó.

Por la mañana, Ebrard aclaró que aunque la ley contiene diversas innovaciones, porque introduce sanciones contra conductas no incluidas en la legislación anterior, como los arrancones y el coyotaje, no implica que las autoridades puedan retirar de las calles de manera permanente a franeleros, payasitos, limpiaparabrisas, huacaleros o sexoservidoras, entre otros.

"La ley no prohíbe que un personaje esté trabajando en la vía pública, lo que prohíbe es la coacción. No es que la ley diga que vamos a quitar a todos los franeleros y meterlos al juzgado cívico, lo que dice es que no se vale que obliguen a que se les dé un pago que no es voluntad de los ciudadanos hacer. Sí pueden estar en las calles, porque no nos dieron la facultad de quitarlos de manera permanente; eso no existe, hay que ser muy claros", dijo a su salida del gabinete de seguridad.

También se comprometió a que, para evitar actos de corrupción y extorsión de los policías, habrá mayor control y supervisión de la SSP.

Alvarez Icaza manifestó que en la CDHDF se tienen "reservas" sobre dicha ley y mencionó que antes de que fuera aprobada se le hizo notar a la Asamblea Legislativa que era importante determinar "cómo ubicamos a las personas en situación de calle: es gente que trabaja por necesidad, está en la calle porque tiene una familia qué alimentar o por encontrar una forma de sobrevivir, de manera que debemos tener cuidado".

Si bien consideró que en la ciudad existe un problema de convivencia y "diversos actores y sectores de la sociedad se sienten amenazados", tenemos que tener buen cuidado de no poner a estas personas como predelincuentes porque no es el caso, "es un problema que se va a resolver más por una dinámica económica".