Magdalena Gómez

Genocidio: Ƒjuicio al priísmo?

Son numerosas y complejas las implicaciones de la acción de la Femospp al ubicar la matanza del 10 de junio de 1971 como parte de la cadena que implicó el delito de genocidio, más aún al señalar presuntos responsables a destacados priístas, en especial el ex presidente Luis Echeverría.

En estos días hemos leído y escuchado argumentos que en su mayoría se orientan a la denostación del fiscal Carrillo Prieto, lo cual lleva también al juego del fiscal malo, el general Macedo bueno y el secretario de Gobernación como el único que se atreve a defender a la Femospp, mientras Fox dice poco. Muy pronto sabremos si es estrategia o burda correlación de fuerzas.

El debate cuasi jurídico y político que está en curso se ve plagado de distorsiones y prejuicios; incluso en algunos casos se ofrecen recuentos con pretensiones históricas comparativas para mostrar que los "auténticos" genocidios son los que han provocado millones de víctimas, lo cual nos coloca en un serio dilema ético, pues en los hechos diluye los rasgos de nuestro horror nacional expresado en matanzas, torturas, secuestros y desapariciones impunes, cuya cuantificación es notoriamente inferior al holocausto o al genocidio en Ruanda. Recordemos que hablamos de la posibilidad de que se haya cometido el delito de genocidio, que hay un proceso en curso y que en la tipificación de ese delito, tanto nacional como internacionalmente, no está incluido el rasgo "cuantitativo".

Al respecto, el penalista Mariano Jiménez Huerta señaló: "lo que caracteriza los delitos contra la humanidad es la ofensa que encierra para los intereses jurídicos del género humano, valores jurídicos tutelados especialmente, en forma autónoma de la lesión que simultáneamente causen a los intereses jurídicos de la persona física. En cuanto al genocidio destaca el procedimiento que se emplea con aquella intención susceptible de provocar la desaparición de un grupo aun cuando ésta no se produzca de manera efectiva, por ello se habla de destrucción total o parcial. Una sola privación de la vida constituiría indicio de la tentativa de destrucción de un grupo humano, el delito de genocidio en 99 por ciento de los casos es cometido desde el poder" (Derecho penal mexicano, tomo I: tutela del patrimonio, la tutela penal de la humanidad, México 1963).

Resulta difícil desbrozar el camino para volver al terreno jurídico, antes debemos señalar que justamente el régimen príista no sólo cometió crímenes de lesa humanidad, sino que simultáneamente aplicó una política de contraste en la que desplegó solidaridad para luchadores latinoamericanos perseguidos en sus países. Siempre creímos que ese rasgo era un espacio de conjunción del gobierno con la voluntad solidaria del pueblo, y ahora observamos con sorpresa que el régimen cultivó amistades propias y algunas hoy asumen que antes que al pueblo mexicano deben "lealtad" a figuras apreciadas por ellos como lo es precisamente la del ex presidente Luis Echeverría.

El príismo, por su parte, cierra filas y amenaza porque algo de mala conciencia tiene respecto a esa cara impresentable de la represión y la impunidad; entre otros efectos de la misma está justamente la abolición de la independencia del Poder Judicial para no hablar de la del Ministerio Público, que carece de autonomía. Ya sabemos hoy que el reducto del priísmo está en el Congreso, desde ahí han operado para evitar la justicia, primero con sus candados a los convenios internacionales, estableciendo limitantes contrarias a su naturaleza misma para impedir que se juzguen los crímenes de su régimen, llegando al extremo de modificar el Código Penal por si acaso necesitaran que alguno de sus destacados adultos mayores evitara la cárcel.

En todo esto hay un hecho evidente: por primera vez se incursiona en el espacio jurídico para deslindar responsabilidades y lograr la aplicación del estado de derecho, noción que incluye la dimensión internacional. A ese respecto se ha magnificado el efecto del rechazo del juez Flores a la solicitud de la Femospp, se ha pretendido ofrecer la imagen de la derrota definitiva cuando están en curso otras etapas como la apelación y la solicitud de atracción para la Suprema Corte de Justicia. Resulta interesante observar que nadie se atreve a negar que los hechos sucedieron; es más, reconocen lo inocultable: la existencia de los halcones, y polemizan sobre su adscripción al Estado Mayor o al Departamento del Distrito Federal, cuando sabemos que en esos años para efectos prácticos las decisiones se tomaban en la cúpula del poder.

Los escandalizados frente a la sola mención del delito de genocidio no lo hacen frente a la existencia reconocida de un grupo paramilitar; de entre ellos surgió la sugerencia de "suspender" el proceso de investigación jurídica, negociar la amnistía con el Congreso y recuperar la propuesta de una comisión de la verdad que, por las circunstancias en que se plantea, parecería sugerirse la comisión de la mentira y la impunidad garantizadas.