Desde San Sebastián denuncian irregularidades en el proceso que están padeciendo

Indigna a familiares de los vascos presos que Derbez haya concedido la extradición

Mandatarios españoles ejercen "enormes presiones" en autoridades mexicanas, señala abogado

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Un nutrido grupo de familiares de los seis ciudadanos vascos encarcelados en México desde el 8 de julio del año pasado, a la espera de ser extraditados a España con base en la petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que les imputa el supuesto delito de "pertenencia a organización terrorista", denunciaron la "injusticia" de la detención y el procesamiento del que están siendo víctimas.

Padres, hermanos, primos y amigos de Félix Salustiano García Rivera, Asier Arronategui Duralde, María Asunción Gorrotxategui Vázquez, Juan Carlos Artola Díaz, José María Urquijo Borde y Ernesto Alberdi Elejalde, enclaustrados en el Reclusorio Norte del Distrito Federal por su presunta vinculación a la organización armada vasca ETA y residentes en México desde hace 15 años, decidieron hoy denunciar sin paliativos la situación que viven sus allegados y la indignación que les causó la decisión adoptada por el canciller de México, Luis Ernesto Derbez, de conceder la extradición a pesar de las presuntas irregularidades del proceso.

En rueda de prensa en San Sebastián, los familiares de los presos vascos criticaron con dureza la actuación que ha tenido en este polémico proceso judicial el propio gobierno autónomico vasco, del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, que calificaron de "pasividad absoluta" a pesar de que el gobierno de Euskadi cuenta con una representación en México. Según los familiares, "todas las embajadas se interesan por la situación de sus nacionales, pero, al parecer, nuestros allegados no se merecen ni siquiera una visita" de los funcionarios vascos en México, según explicó Arkaitz Artola, sobrino de Juan Artola.

Artola añadió que "desde que los arrestaron, hace más de un año, no ha hecho nada" el gobierno de Ibarretxe, cuya única actuación en el proceso judicial "fue cuando acudió con la abogada mexicana, Bárbara Zamora, para preguntarle sobre la credibilidad de la información publicada en La Jornada, que dio cuenta de las mentiras de la embajadora española, Cristina Barrios".

Los familiares de los ciudadanos vascos, muchos de ellos integrados en la sociedad mexicana antes de su detención, explicaron que sus allegados "tuvieron que tomar la dura decisión de abandonar Euskal Herria [el País Vasco] hace 15 años. Pero, tras vivir y trabajar en México durante años fueron detenidos de manera injusta a consecuencia del conflicto político que vive nuestro país. Por eso emplazamos a los responsables políticos a que sean valientes y busquen vías de solución" al histórico conflicto que sufre la región desde hace más de cuatro décadas.

Joseba Agudo, uno de los abogados de los detenidos, denunció por su parte "las enormes presiones políticas ejercidas por mandatarios españoles" para extraditar a los seis ciudadanos vascos, entre las que citó "la reunión que Baltasar Garzón mantuvo con Vicente Fox días antes de que se produjeran los arrestos, o los recientes viajes del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, o el de los príncipes de Asturias o el del ex presidente José María Aznar".

Agudo también denunció que "la policía española anda a sus anchas en territorio mexicano", donde, a su juicio, se viola de forma sistemática el tratado de extradición firmado entre ambos países, una vez que exige en su artículo 15 que se especifique el delito imputado a la persona antes de ser extraditada. Esta condición, según Agudo, no se cumple en el proceso contra los seis ciudadanos vascos residentes en México desde hace 15 años.

El abogado también anunció que se presentará un recurso de amparo contra la extradición aprobada por la cancillería, si bien se mostró escéptico de que en lo que se resuelve la cuestión se ordene la "excarcelación, sobre todo porque las presiones son muy grandes".

En otro asunto, hoy fue puesto en libertad bajo fianza Iñaki Uría, el ex consejero delegado del diario vasco Euskaldunon Egunkaria, en prisión desde febrero del año pasado tras la orden de cierre del rotativo por su presunta vinculación a ETA. Uría tuvo que pagar o, más bien, hipotecar una serie de inmuebles de familiares para cubrir la fianza fijada por el juez, de 450 mil euros (medio millón de dólares). Con la liberación de Uría, ya no hay en prisión ninguno de los periodistas y empresarios vascos detenidos en la operación contra el único rotativo vasco que se escribía íntegramente en euskera. Todos denunciaron torturas y malos tratos durante su enclaustramiento, si bien sus querellas fueron archivadas por los tribunales al considerar que no se probaron suficientemente las denuncias.