Autoridades criminalizan las luchas sociales, denuncian

Exigen indígenas cesar planes que "maquillan la pobreza"

Pidieron respetar a la Policía Comunitaria en Guerrero

ROSA ROJAS

El conflicto estructural entre los pueblos indígenas y el Estado prevalece, pues los gobiernos han "incumplido" la palabra empeñada para reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas y sólo se da la imposición de políticas públicas que se limitan a "rediseñar programas asistencialistas para maquillar la pobreza", plantearon representantes de los pueblos amuzgos, nahuas, mixtecos y tlapanecos de Guerrero, durante el foro "para la defensa de nuestros derechos y de nuestro patrimonio como pueblos".

En dicha reunión, efectuada el pasado fin de semana en la capital guerrerense con participación de miembros de una docena de grupos indios, así como de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se exigió cesar la criminalización de las luchas sociales -citando como ejemplo las 12 órdenes de aprehensión contra miembros del Consejo del Municipio Autónomo de Xochistlahuaca y los dos comuneros encarcelados por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica La Parota, Guerrero, así como otras ocho órdenes de aprehensión expedidas contra compañeros suyos por la misma causa, demandando la cancelación de dichas órdenes de aprehensión.

Se exigió además la desmilitarización y castigo a los responsables de violaciones a derechos humanos, pues -indicaron los participantes en el foro- las autoridades están empecinadas en "seguir utilizando al ejército para reprimir la lucha de los pueblos indígenas" asignándole a los militares "tareas relacionadas con el combate al narcotráfico y a la seguridad pública, debido a la corrupción e ineficacia de los cuerpos policiacos, provocando mayores daños a la sociedad con la consumación de graves violaciones a los derechos humanos".

Se demandó asimismo la aprobación de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), respeto y reconocimiento al municipio autónomo de Xochistlahuaca "y cesar el hostigamiento y la persecución por parte de las autoridades estatales y municipales, que les niegan el derecho a regirse por sus sistemas normativos".

Se exigió igualmente respeto al proyecto de justicia y seguridad comunitaria de los pueblos de la Costa Montaña de Guerrero, representados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Los asistentes se solidarizaron con la postura "preliminar" de la CRAC de rechazar la propuesta de incorporación a las corporaciones policiacas oficiales planteada por las autoridades estatales y demandaron que los gobiernos federal y estatal cumplan con la recomendación del relator de la ONU sobre los derechos humanos de la población indígena, que en su informe sobre México recomendó el respeto y reconocimiento al proyecto de la CRAC.

En el foro participaron integrantes de la CRAC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Organización independiente de pueblos Mixtecos; Organización de pueblos indígenas Tlapanecos; de las coordinadoras nacional y Guerrerense de Mujeres Indígenas; Unión de ejidos "luz de la montaña"; Consejo de la Nación Amuzga; UNORCA-Guerrero; Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía; Consejo Guerrerense 500 Años; Frente Popular Revolucionario; Programa de aprovechamiento integral de los recursos naturales; Unión de pueblos indígenas "Voces de mi tierra" y Autoridades tradicionales y agrarias del municipio autónomo de Xochistlahuaca.

En su pronunciamiento final, los participantes exigieron también el cumplimiento de los acuerdos firmados para resolver los problemas del campo, respeto a sus territorios y que las autoridades agrarias dejen de imponerles el Procede y de condicionar a su aceptación la entrega de otros recursos, lo que atenta, afirmaron, contra su modo de poseer sus tierras y de vivir como pueblos.

Demandaron la participación directa de los pueblos en el diseño de las políticas públicas y en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos y su patrimonio; cumplimiento de las normas internacionales para la implementación de proyectos regionales que afectan los derechos de la población y alteran los ecosistemas, "buscando el diálogo respetuoso y transparente para evitar que se polaricen los conflictos como sucede en el caso de La Parota", así como un mayor compromiso de las autoridades para atender los conflictos agrarios que enfrentan a las comunidades.

"No estamos fuera de la ley"

Respecto a la propuesta que el 23 de junio pasado les hizo el gobierno de Guerrero, mediante la cual se pretende "dar legalidad a la actuación de la Policía Comunitaria" (PC), los miembros de la CRAC informaron que llevaron la iniciativa a consulta en cada comunidad integrada a la coordinadora. El 29 de julio, con 37 actas recabadas, la respuesta preliminar, porque continúa la consulta, fue: "se rechaza la propuesta del gobierno por la razón de que nuevamente viviríamos en la corrupción del sistema, como se vivió en los primeros años de los 90, lo cual fue razón principal para crear la policía comunitaria".

Respecto a que los Policías Comunitarios se integren a la Policía Preventiva Municipal, se dijo que "no se acepta la propuesta del gobierno, ya que el principio de la PC no es recibir un recurso a cambio de su servicio".

El gobierno estatal ignora "que el nombramiento y elección de los policías comunitarios se debe a una asamblea general en la que se elige a las personas más honestas de la comunidad y que dicho servicio tiene el carácter de trabajo comunitario. No es un puesto remunerado, es un cargo propio de los sistemas de cargo aún existentes en las comunidades, el cual debe cumplirse para poder llegar a otros cargos de mayor relevancia a nivel comunitario o regional", indicaron.

Agregaron que si se habla de pagar a 600 elementos comunitarios un sueldo mensual mínimo de 3 mil pesos, la cantidad que gastaría el gobierno por este concepto, mensualmente, sería de un millón 800 mil pesos, "lo cual nos parece una intención de deslumbrar con el dinero a los compañeros, cuando los municipios en los que operamos no tienen la capacidad económica de absorber tal gasto".

"La PC debe continuar como hasta ahora, puesto que sólo así podemos decir que la seguridad es nuestra y podemos confiar en los policías, pues los conocemos y sabemos a quienes nombramos. Eso es lo que ha dado buen resultado", afirmaron.

Agregaron que el sustento legal para el funcionamiento de su sistema de seguridad pública e impartición de justicia, "de acuerdo a nuestros esquemas normativos internos, se da a partir de los restringidos marcos legales que nos amparan a los indígenas guerrerenses", los artículos 1, 2, 8, 9, 17, 27, 39, 115, 133 de la Constitución Federal mexicana, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, mismos que el gobierno mexicano en sus tres niveles y órdenes, está obligado a respetar y observar.

"Nuestra respuesta es que cuando el gobierno reviva a todas esas personas que murieron por la inseguridad, cuando termine con la delincuencia en todo el país y dé respuesta a la manifestación que se llevó a cabo en días pasados en la ciudad de México, entonces estaremos de acuerdo con una propuesta suya", subrayaron.