El Departamento de Estado anunció ayer que, a partir del próximo 16 de julio, los extranjeros que residen legalmente en Estados Unidos y que deban renovar sus visas tendrán que hacerlo en el extranjero, porque "no es posible" para la mencionada dependencia recolectar los identificadores biométricos que las disposiciones "antiterroristas" exigen para los permisos de tránsito y residencia en territorio estadunidense.

Es por demás inverosímil el alegato de que la institución encargada de la política exterior, la diplomacia y la administración consular de la máxima potencia económica, militar y tecnológica del mundo no tiene capacidad para procesar huellas digitales e imágenes oculares en sus oficinas nacionales. De hecho, tales procedimientos se realizan de manera rutinaria -aunque intimidatoria y exasperante- en todos los puertos, aeropuertos y accesos fronterizos terrestres de Estados Unidos; lo de menos sería incorporar los sistemas respectivos a las oficinas locales y regionales que el Departamento de Estado posee en toda la Unión Americana.

El propósito real de esta medida parece ser, en cambio, generar entre los extranjeros que residen legalmente en Estados Unidos una incertidumbre similar a la que padecen los indocumentados. La idea parece ser obligarlos a pasar repetidamente por los mecanismos de "fichaje" de entrada y salida de los aeropuertos, puertos o pasos terrestres, y al que se realiza, adicionalmente, en los consulados estadunidenses, no sólo con la esperanza de hacer caer a algún hipotético terrorista, sino, sobre todo, con el designio de obligar a los ciudadanos extranjeros a sentir sobre ellos el poder del Estado.

En el sitio de Internet del Departamento de Estado se advierte que "no está garantizada la revalidación de la visa", que el tiempo del trámite respectivo es de "aproximadamente 10 a 12 semanas" contadas desde que la solicitud se recibe en la oficina de visas de Washington, y que no se dan informes sobre el proceso de visado. Adicionalmente, el comunicado advierte que "si hay un retraso en la expedición de la visa, usted puede tener que permanecer en el extranjero por más tiempo del originalmente planeado". El Departamento de Estado "recomienda a los solicitantes que pidan nuevas visas en sus países de origen, o bien que recurran "a una oficina de procesamiento de visas estadunidenses en Canadá y México, siempre y cuando haya solicitado una cita para entrevista".

Al via crucis burocrático-policial que impone la nueva medida habrá que agregar los gastos de viaje que tendrán que efectuar, en forma regular, los residentes extranjeros en Estados Unidos, así como las pérdidas de tiempo laboral: "aproximadamente 10 o 12 semanas".

El disparatado trámite tendrá el efecto evidente de disuadir a muchos empleadores de contratar extranjeros, toda vez que éstos estarán obligados a ausentarse de sus labores por tiempos prolongados. Para las empresas estadunidenses que de todos modos decidan mantener en su nómina a ciudadanos de otros países -y es que muchas veces están obligadas a hacerlo- los costos de operación se incrementarán en alguna medida.

Para colmo, las dependencias encargadas de combatir la "amenaza terrorista" que cree enfrentar el gobierno del país vecino no brillan por su eficiencia, con o sin indicadores biométricos. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Air France hubo de suspender seis vuelos entre París y Los Angeles porque la FBI encontró en las listas de pasajeros seis nombres de sospechosos de pertenecer a Al Qaeda que resultaron ser, según reveló The Wall Street Journal Europe, tres impolutos ciudadanos franceses, un niño de nacionalidad no especificada, un agente británico de seguros y una anciana china.

Finalmente, el gobierno de Washington ha decidido, en los hechos, usar a nuestro país como sala de espera para solicitantes de visas estadunidenses. En primera instancia ello incrementará el embotellamiento en las de por sí exasperantes oficinas consulares del país vecino, con las consiguientes desventajas para los mexicanos que acuden a ellas. Pero debe reflexionarse qué otros impactos puede tener, a mediano plazo, el flujo de extranjeros que acudirán a México en su incierto tránsito hacia Estados Unidos.