Labriegos: a ver si la PGR usa con las autoridades estatales el mismo rasero que con el GDF

González Parás desacató resolución de suspender obras en un terreno

Fue expropiado para construir parques y un hospital, pero se edificó un centro comercial, señalan

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 23 de junio. El gobernador de Nuevo León, el priísta José Natividad González Parás, no acató la resolución de un juez de distrito que ordenó suspender la construcción de un centro comercial en un terreno de 18 hectáreas, parte de un campo agrícola de 204 hectáreas expropiado el 28 de marzo de 1990 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a ejidatarios del municipio Escobedo.

Sergio Garza Elizondo, asesor de los campesinos, informó que por el incumplimiento de la suspensión hubo necesidad de poner una queja ante el Tribunal Colegiado del cuarto circuito, y el pasado 23 de abril se publicó en la lista de acuerdos del juzgado tercero de distrito: "Désele vista al Ministerio Público Federal, notifíquese a las partes y anéxese informe justicado a la presidencia", lo que significa que se sometería al gobernante estatal a un proceso.

Está por verse si la Procuraduría General de la República (PGR) mide con el mismo rasero a las autoridades estatales como lo hace con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador a quien se le inició proceso de juicio político porque supuestamente no acató una resolución judicial que ordenaba la suspensión de obras en el predio El Encino, señaló Garza Galindo.

Para que las autoridades judiciales de Nuevo León llegaran a esta determinación tuvieron que comprobar que no se respetó la "causa de utilidad pública" que justificó el acto de autoridad, como sería la construcción de un gran parque recreativo, una central de autobuses y un centro hospitalario; además de que la expropiación se decretó en terrenos del municipio de San Nicolás de los Garza, pero se ejecutó en el vecino municipio de Escobedo.

Según Garza Elizondo, fue un error de Alvaro González Ardines, delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Nuevo León, el que fueran distintos los terrenos expropiados a los que se incluyen en el decreto emitido por el ex presidente Salinas de Gortari.

Por ello, las 49 familias expropiadas iniciaron el 15 de octubre de 2003 el juicio de amparo 1020/2003 ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa, a cargo del juez Eduardo Ochoa Torres, quien notificó al gobierno del estado y al municipio de Escobedo que deberían suspenderse las obras y dejarse las cosas en el estado en que se encontraban mientras se resolvía el fondo del amparo.

No obstante, el 12 de noviembre de 2003 el gobernador González Parás y el alcalde de Escobedo, Fernando Margáin Santos, acudieron a inaugurar el centro comercial Outlet, convalidando el "despojo" contra los ejidatarios.

El 5 de marzo pasado, agregó, un actuario del juzgado tercero de distrito constató que continúan los trabajos y la violación a la suspensión de amparo, pues aún se sigue trabajando para construir un gran centro comercial, donde se asentarán tiendas de capital extranjero.

Por el incumplimiento de la suspensión, los ejidatarios interpusieron una queja ante el Tribunal Colegiado del cuarto circuito.

Garza Elizondo, asesor de los ejidatarios, aseveró que el artículo 107 Constitucional, en su fracción 16, establece la separación del cargo y la consignación ante un juez federal las autoridades responsables de desacato.

Dijo que el próximo 30 de junio se realizará una audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo contra el acto expropiatorio, y confió en que el juez tercero de distrito, Eduardo Ochoa Torres, dará la razón a sus representados.

Según Garza Elizondo, el valor de las 18 hectáreas destinadas al proyecto comercial asciende a 500 millones de pesos, mientras que el de las 204 hectáreas expropiadas -quitando los terrenos que se utilizaron para otros usos públicos- rebasaría los 5 mil millones de pesos.