Rebaten diputados y ASF la urgencia del gobierno por privatizar el sector eléctrico

La CFE, saludable; no requiere inversión privada para operar

La paraestatal tiene capacidad financiera para atender la expansión de la generación eléctrica

Su estructura financiera está sana y sus pasivos laborales no son un problema, concluyen

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La urgencia gubernamental de emprender una reforma constitucional que facilite la participación de capital privado en el sector eléctrico fue rebatida por la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, al ''considerar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dispone de capacidad financiera suficiente para atender la expansión de la generación eléctrica, cuenta con capacidad de endeudamiento, tiene una estructura financiera sana, y sus pasivos laborales no le representan en el presente y futuro inmediato un problema significativo''.

Las conclusiones y recomendaciones derivadas del Análisis al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2002, cuya aprobación en el pleno camaral deberá ocurrir en el próximo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, advierten que por sus posibles implicaciones en el debate nacional sobre las alternativas de financiamiento en el sector eléctrico, la Auditoría Superior de la Federación está obligada a presentar a la Cámara de Diputados un informe a fondo que confirme los resultados citados con anterioridad.

''Fortaleza financiera y capacidad de endeudamiento de la CFE a través de la ampliación de los estudios financieros de la entidad, incorporar el análisis prospectivo de mediano y largo plazos para determinar, bajo distintos escenarios, la demanda futura de energía eléctrica, los requerimientos de inversión, la capacidad financiera real de la Comisión Federal de Electricidad para cubrir dicha demanda y el impacto de los pasivos contingentes''.

El informe distribuido el martes pasado por el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Sánchez Vázquez, manifiesta que la ASF concluyó que los permisos de generación de energía eléctrica ''no están fundados ni motivados'' y que los títulos de permisos otorgados entre 1996 y el 2002 ''van contra del espíritu del artículo 27 constitucional''.

Esa conclusión propició la respuesta inmediata de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que manifestó inconformidad al desconocer a la ASF como poseedora de atribuciones para revisar y juzgar la legalidad de cualquier acto; incluso esa dependencia del gobierno federal rechazó que la Auditoría Superior de la Federación tenga prerrogativas legales para abordar la constitucionalidad de ninguna ley emanada del Congreso, y por añadidura ni reglamentos o disposiciones de carácter general que deriven de ellas.

Por lo anterior, la comisión de vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados adujo que el presidente Vicente Fox promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF por considerar que ésta no tiene facultades para determinar sobre los permisos y títulos para la generación de energía eléctrica:

''La resolución de la Corte definirá los alcances de las acciones de la ASF en la materia; sin embargo, es necesario realizar un análisis jurídico respecto a las atribuciones de la ASF en esta y otras materias, y derivar una propuesta de reformas legislativas que se requieren para evitar que un acto del órgano fiscalizador pueda revertirse por esta vía en detrimento de la credibilidad de la fiscalización superior y de su utilidad para vigilar el correcto uso de los recursos públicos''.

Frente a las limitantes legales de la ASF respecto a las instancias gubernamentales, el Congreso federal, a través de los dos organismos de la Cámara de Diputados, prevé ''revisar a profundidad'' el marco jurídico de la fiscalización superior y sus facultades para revisar asuntos específicos como fideicomisos, constitucionalidad de actos, intervención de los órganos internos de control, recursos transferidos a entidades federativas y municipios.

Es preciso destacar que la ASF puede aportar elementos valiosos para identificar las fortalezas y debilidades del actual marco jurídico de la fiscalización superior, esfuerzo que, ''sin duda, se adicionará a otros que ya se llevan a cabo como la iniciativa que actualmente se encuentra en la comisión de Gobernación para establecer puntualmente facultades de revisión en materia de fideicomisos''.