Octavio Rodríguez Araujo

Inseguridad y penas

El fenómeno asociado con la inseguridad en la ciudad de México tiene varias vertientes; no es, de ninguna manera, lineal. Por un lado está la posición del jefe de Gobierno, quien ve en cualquier protesta un complot para impedirle llegar a 2006 como candidato. Por otro, el problema de la inseguridad, que sí existe, se ha querido magnificar para demostrar, entre otras cosas, que López Obrador y sus colaboradores no garantizan la tranquilidad de la gente en la capital del país. Sí hay intenciones de quemar al tabasqueño a como dé lugar, esto se ve desde lejos. Para mí no hay duda. Pero que lo quieran quitar de en medio con diferentes argucias y pretextos no significa que las cosas en la ciudad y en el país estén bien y que no sean preocupantes. La inseguridad es una realidad que no podrán esconder mil declaraciones ni aspavientos paranoicos. Tampoco mayores penas para los delincuentes, como ya han sido propuestas por algunos de los responsables de la seguridad pública.

Otro aspecto del problema es que, hasta donde se sabe, un porcentaje significativo de los secuestradores, aunque sea pequeño, han sido policías en activo. Esto es lo que se ve, debe haber más fondo; pero lo que es todavía más preocupante es que desde finales de 2000 hayan sido sancionados casi 4 mil policías por diversos delitos y que las tres cuartas partes de esos policías se hayan unido a la Agencia Federal de Investigaciones (Notimex-Internet, 19/6/04) que debiera ser modelo de honestidad y equilibrio sicológico e intelectual. Aquí estamos hablando de la policía federal, no de la que depende del Gobierno del Distrito Federal. Esto demuestra algo que ya sabíamos: en la policía, incluso en la AFI, hay corrupción, delincuencia y muy probablemente nexos con el crimen organizado. Algo semejante debe ocurrir en los cuerpos policiales del Distrito Federal, como en otras entidades federativas (Morelos, por ejemplo). El 18 de junio Carlos Elizondo Mayer-Serra publicó en Reforma un artículo sugerente sobre la inseguridad. Uno de sus énfasis es que ésta no es resultado de falta de policías ni de debilidad en las penas a los delincuentes, sino del papel que se asigna a los policías: no son realmente preventivos ni se dedican a investigar bandas de criminales, formas de operación, ámbitos de ejercicio, etcétera.

Por mi lado he estudiado el caso de Estados Unidos, donde se demuestra que no hay correlación entre índices de criminalidad y dureza de castigos, por ejemplo la pena de muerte. En estados donde menos se ha aplicado la pena capital menos criminalidad ha habido. Este simple dato expresa claramente que no son los castigos los que inhiben a los criminales. En el país del norte fueron ejecutados por el Estado 4 mil 291 personas entre 1930 y 1967 y de 1976 a 2002 hubo 821 ejecuciones. En los países occidentales de la Unión Europea, donde no existe la pena de muerte desde 1983, la criminalidad es mucho menor que en Estados Unidos. El índice de homicidios en Texas (datos de 1999) era de 6.1 por cada 100 mil habitantes y es el estado de la Unión Americana en donde más ejecuciones por pena capital se han realizado desde 1930 (más de 740), en tanto que en Dakota del Sur el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 2.5 y el número de aplicaciones de pena de muerte en los últimos 72 años fue de uno (sí, de uno).

No hay correlación estadística en ninguna parte del mundo que demuestre que la pena de muerte disminuya la criminalidad, como tampoco se ha podido demostrar que, en donde se ha abolido, la criminalidad haya aumentado. La severidad de las penas no ha afectado el número de crímenes en ningún país.

El secuestro (particularmente el exprés), como el robo, es un negocio de quienes no tienen empleo, o de quienes teniéndolo se consideran mal pagados. Pueden ser policías, ex policías o civiles que han encontrado en estos delitos una forma de vida para la que existe alto grado de impunidad. Y esta impunidad se debe al hecho de que las policías no son eficientes o a que existen escalas de corrupción o complicidad que van de los altos mandos al policía de a pie. No obedece al tipo de penas, que podrían ser tan duras como la muerte sin resolver nada.

En el fondo del problema está la cantidad de pobres que ha generado el neoliberalismo. Aquí sí hay correlación entre aumento de la pobreza e índices de criminalidad. Este es el punto que no han querido enfrentar los gobiernos, tanto federal como estatales (incluido el Distrito Federal). No saben qué hacer, por más que contraten a farsantes como Giuliani y su inútil tolerancia cero. Y no saben qué hacer, porque lejos de apoyar y multiplicar las fuentes de empleo y pagar mejores salarios (incluidos los de los policías para mitigar la corrupción) nuestros gobernantes se dedican a aumentar el número de efectivos policiales que, como los de tránsito en sus cabinitas, están de adorno mientras a su alrededor todo mundo hace lo que le da la gana.