El programa de separación continuará este año, confirma Eduardo Sojo

Aún no reinstalan a ningún burócrata sometido al retiro voluntario de 2003

FABIOLA MARTINEZ

La eventual reinstalación de empleados públicos -despedidos el año pasado a partir del Programa de Separación Voluntaria (PSV)- se ha quedado sólo en el papel y en una promesa utilizada por dirigentes sindicales para afianzar poder en sus filas.

Lo anterior, aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló esa posibilidad y giró instrucciones a los oficiales mayores de las dependencias de la administración pública federal respecto a la forma en que se contabilizarían los probables finiquitos devueltos.

Es decir, quedó a la deriva la única esperanza para cientos de empleados que voluntariamente aceptaron su baja tras el cobro de su liquidación o para aquellos que fueron forzados a firmar su renuncia, a partir de estrategias utilizadas por despachos privados, contratados ex profeso para ejecutar el recorte de personal.

El 13 de febrero pasado, el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Guillermo Bernal Miranda, comunicó a los oficiales mayores que "los apoyos económicos otorgados a los servidores públicos que fueron beneficiados con el Programa de Separación Voluntaria 2003 y que tengan que ser reintegrados tienen el carácter de aprovechamientos.

"En consecuencia -agregó entonces el funcionario- los reintegros deberán presentarse ante la ventanilla bancaria de los bancos autorizados...". El oficio referido fue tomado como bandera de gestión sindical, tanto por el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, como por la nueva central de burócratas que encabeza el sindicato magisterial.

Los empleados que de una u otra forma fueron dados de baja están, en los hechos, definitivamente fuera. De acuerdo con la información que se brindó a los empleados en diversas dependencias, la autoridad federal dejó en claro que una vez aceptado el finiquito no se podría retornar a ningún organismo pública ni siquiera en la modalidad de pago por honorarios.

Por su parte, el coordinador de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Eduardo Sojo, subrayó que el PSV continuará este año. El objetivo, dijo, es "seguir disminuyendo el gasto que no produce valor agregado a la sociedad".

El año pasado el PSV tuvo un costo de 16 mil millones de pesos y, según la información oficial, fueron canceladas 42 mil plazas, con un valor en nómina cercano a los 5 millones de pesos al mes, motivo por lo que el gobierno federal asegura que se trata de "un gasto de inversión que se traduce en un ahorro muy concreto para el contribuyente para los próximos años".

Más denuncias

En tanto, el dirigente del sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Víctor Bernardo López, informó que se encuentran en proceso 70 demandas de empleados de esta dependencia, por presunto despido injustificado ocurrido el año pasado. Tales querellas se suman a un centenar más promovidas por ex trabajadores de la Secretaría de Hacienda.

Según las cuentas del líder sindical de la SCT, en esta secretaría han sido dados de baja mil 423 empleados de base, aunque en las cifras oficiales la SCT aparece con 3 mil 487 plazas menos. La diferencia entre ambas cifras difundidas correspondería a personal de confianza cesado.

Al respecto, López ratificó que hasta el momento no ha sido reinstalado ninguno de los trabajadores reportados como baja en el contexto del PSV, entre los cuales se encuentran los 70 que decidieron demandar. Este grupo asegura que fue trasladado a "oficinas, casas y hoteles" ajenos a la dependencia donde habrían sido amenazados para aceptar su renuncia. "De esa forma hicieron firmar a muchos".

El líder sindical admitió que poco pudieron hacer por sus compañeros. "Los dirigentes hacemos lo que está en nuestras manos, pero, Ƒqué podemos hacer cuando la orden de reducción de plazas viene de Hacienda o del Congreso?", expresó.

López indicó que la única gestión posible entonces fue colocar al PSV no como liquidación sino como cancelación de una plaza a la que correspondería un finiquito por encima de lo que marca la ley, cercano a 300 mil pesos en promedio por trabajador. "De lo contrario, los trabajadores inscritos en el PSV sólo hubieran obtenido montos cercanos a los 80 mil".