De acuerdo con un estudio realizado por Pemex Exploración y Producción (PEP) y con cifras presentadas por las bancadas priístas en el Senado y la Cámara de Diputados, el país ha sufrido, en lo que va del gobierno de Vicente Fox, una caída de 42 por ciento en sus reservas de hidrocarburos. En ese mismo lapso, las exportaciones se han disparado 13 por ciento -de un millón 652 mil barriles diarios a un millón 860 mil- y las autoridades pretenden llevarlas a dos millones diarios a fines de este año. La producción total subió más de 8 por ciento, al pasar de 3 millones 127 mil barriles diarios a 3 millones 382 mil. En 2003 Pemex aportó a las arcas nacionales más de 470 mil millones de pesos -la mayor contribución en la historia de la paraestatal-, en tanto que en lo que va del presente año los precios internacionales promedio del crudo mexicano se han incrementado casi 30 por ciento -de 20 dólares por barril a 28.41- con respecto a lo previsto en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2004.

Para decirlo de manera sintética, la industria petrolera nacional sufre un acelerado y, al parecer, programado proceso de destrucción que no se origina en la administración foxista -el desaparecido Heberto Castillo formuló los primeros señalamientos de alarma en el sexenio de la "bonanza petrolera" de José López Portillo, hace 25 años- pero que se acentúa de manera perceptible de 2000 a la fecha, en concordancia con el proyecto desnacionalizador de Pemex y el empeño del grupo gobernante por entregar el sector energético del país a la inversión extranjera.

La inversión productiva en la industria petrolera decrece en forma inversamente proporcional a la desmesurada e irracional explotación del crudo; los cuantiosos recursos obtenidos por el alza coyuntural de sus precios internacionales se diluyen de manera turbia y discrecional en el mantenimiento de un aparato burocrático que, para colmo, es utilizado en forma facciosa y partidista, y luego se arguye que "no hay dinero" para invertir en la paraestatal y que es necesaria, en consecuencia, la "apertura" de Pemex a los capitales especuladores del exterior.

Al margen de este manejo, inescrupuloso, si los hay, de una empresa propiedad de todos los mexicanos, el saqueo y la destrucción de Pemex es una afrenta y un robo a las generaciones futuras y un atentado a la viabilidad del país a mediano plazo. Destinar casi la totalidad de los ingresos petroleros a gastos frívolos y poco transparentes y la reiterada negativa gubernamental a invertir así sea una parte de esos recursos en prospección y en la actualización y expansión de la planta petrolera, son medidas que, de persistir, dejarán a México sin gas y sin petróleo en cosa de una década.

De ocurrir así, se habrá servido de manera eficiente las necesidades estratégicas de Estados Unidos, se habrá consumado una grave traición a los intereses nacionales y se habrá dilapidado en forma por demás irresponsable el patrimonio de los mexicanos. La sociedad debe estar consciente de estos peligros y movilizarse para impedir que ese ominoso escenario se convierta en realidad.