Autoridades se niegan a acatar fallos en su favor, aseguran

Empleados del INEGI despedidos hace un año exigen solución a sus demandas

PATRICIA MUÑOZ

A casi un año de que trabajadores despedidos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) mantienen un plantón afuera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna autoridad se ha acercado a negociar para dirimir este conflicto laboral; al contrario, las resoluciones que han dictaminado los tribunales en favor de los empleados han sido desconocidas por las autoridades de este instituto.

La Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI informó ayer que son más de 2 mil 300 los empleados despedidos bajo violaciones laborales, los cuales reclaman el pago de las prestaciones que les adeudan y la reinstalación en su cargo.

Los juicios que ha emprendido esta organización han sufrido retardos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, "debido a los lazos de amistad que unen al director jurídico del instituto con algunos magistrados de las salas que integran esta instancia", señala en un comunicado dado a conocer ayer.

Establecen que, además de que el director jurídico del INEGI ha manifestado abiertamente a los trabajadores que "para él es más fácil corromper a los magistrados que pagar a los trabajadores", continúa el hostigamiento hacia quienes mantienen el movimiento de resistencia.

Inclusive, en algunos asuntos en que se han logrado laudos favorables para trabajadores, como el expediente 835-98, en el que la autoridad judicial obliga a los directivos de este instituto a reinstalar a 51 trabajadores, después de más de cinco requerimientos el INEGI simplemente se niega a cumplir esta orden, aun cuando ya se interpuso una denuncia ante la PGR contra el titular de la dependencia, por desacato.

Sin embargo esta denuncia fue enviada a la "reserva" mediante oficio 1263-2002 del agente del Ministerio Público, sin que se le haya dado mayor trámite, lo cual "demuestra que la impartición de justicia no existe para los funcionarios del gobierno de Fox, sino únicamente cuando se trata de afectar políticamente a sus adversarios".

Ante ello, la coalición informó que junto con el SME, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el SITUAM y el Centro de Investigación Laboral iniciarán una campaña en defensa de los derechos laborales, los cuales han sido violados en esta administración; además difundirán los casos en que ya se está aplicando anticipadamente la reforma Abascal, violando los derechos laborales.